La apertura de fronteras para los ciudadanos de catorce nacionalidades se convierte desde hoy en una nueva prueba de fuego en la lucha contra el coronavirus. La decisión adoptada en Bruselas puede tener consecuencias tanto por la vía económica como por la sanitaria, y sobre ambos campos habrá que estar muy atentos a lo que ocurre en las próximas semanas. Lo más controlable es, sin duda, lo concerniente al ámbito sanitario, pues si los protocolos implantados se cumplen de manera adecuada no resultará difícil revertir la decisión que hoy entra en vigor en caso de ser necesario. Cualquier rebrote importante que se detecte en alguno de esos países haría intervenir de manera inmediata a la UE.

La otra cuestión, la económica, es la que va a causar un daño irreparable a corto y medio plazo. No es menos cierto que ese perjuicio es directamente proporcional a la necesidad de garantizar la seguridad sanitaria, pues la decisión de vetar la entrada en España y en el resto de países de la UE a estadounidenses, brasileños y rusos está enfocada a reducir riesgos de contagio. Actualmente son las zonas con mayor propagación de la Covid-19 y requiere la adopción de medidas drásticas, pero su primera consecuencia es que cientos de miles de ciudadanos de estos tres países, y de otros también incluidos en la lista de vetados, no harán turismo en nuestro país.

Los cálculos que desde el sector turístico hacen sobre los efectos de la pandemia en el turismo en España cifran la merma en más de 85.000 millones de euros. Está en juego una cantidad importante del PIB nacional, una reducción de ingresos para la que no hay alternativa y que generará efectos en el empleo en las cuentas públicas. A esta prohibición de entrar a la UE a turistas de alto consumo como norteamericanos y rusos se suma el bajo volumen de demanda de alojamientos por los propios europeos, con Gran Bretaña a la cabeza, principal origen del turismo de verano en España.

El escenario que se dibuja debería ser suficiente para que, en clave interna, la sociedad española sea consciente de que la batalla contra la pandemia no ha acabado y que todavía tenemos daños económicos y sociales pendientes de sufrir. Hay información suficiente como para tomar conciencia de la situación y tener un comportamiento responsable, acorde a la gravedad del problema. Al Gobierno le corresponde garantizar el mayor grado de protección posible a particulares y empresarios, pero a la postre también convendría recordar que una parte de lo que gestiona es el fruto de nuestros comportamientos como sociedad. Y conscientes como somos del daño que están causando tantas limitaciones, debemos hacernos corresponsables.