La nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, impulsada por el Gobierno a partir de directrices europeas y vigente desde abril de 2022, fija un plazo máximo de tres años (hasta el mismo mes de 2025) para que los ayuntamientos empiecen a cobrar una tasa que permita implantar sistemas de pago por generación y cubra el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos. Y aunque en Segovia ya se abona desde hace décadas la llamada Tasa por el Servicio de Recogida y Tratamiento de Basura, tocará abordar una modificación sustancial de su texto, y al alza en cuanto a la recaudación, que el Gobierno local actual ha decidido dejar en manos del siguiente, el que resulte de las elecciones del próximo 28 de mayo.
El concejal de Medio Ambiente, Ángel Galindo, matiza que en su área ya se ha estado hablando de ello, «pero sin estudiar el tema a fondo» y, por tanto, sin que se trabaje todavía con un borrador concreto. «Ahora mismo tenemos otras cuestiones más acuciantes, como la modificación del contrato de recogida para incluir la orgánica», argumenta; es decir, la extensión al resto de la ciudad, en principio antes de 2024, del contenedor marrón que ya funciona en La Albuera desde finales de 2021 por un programa piloto. «Tenemos una subvención europea de más de 200.000 euros (215.211) para este proyecto y debemos hacer esos trámites de forma rápida para justificarla», incide. Asimismo, precisamente el pasado viernes abordaba el Pleno municipal la aprobación inicial de un reglamento de uso de los puntos limpios que también tiene en cuenta la nueva ley de residuos, junto con un régimen sancionador que contempla multas de hasta 3.000 euros por acceder a estas instalaciones fuera del horario de apertura o sin autorización.
«En cuanto a la nueva tasa, tenemos que verla más en profundidad, pero en IU nos parece interesante que de esta manera se pueda gravar más a los grandes generadores de residuos, para que no repercuta tanto sobre las familias trabajadoras, y penalizar los malos usos en cuanto a la separación de residuos», añade, por el desarrollo de un régimen sancionador al respecto. Aunque Galindo aprecia que la conciencia sobre el reciclaje «cada vez es mayor en Segovia, a pesar de que siempre llama más la atención quien deja dos colchones junto al contenedor sin previo aviso que quien cumple con la normativa».
En este contexto, la ley impulsada por el Gobierno y vigente desde abril del año pasado parte del principio básico de que 'quien contamina, paga', y aboga así por que pague más quien más genere, dado que éste supone mayores costes para un servicio que, también por ley, debería cubrirse al 100% por lo que se recaude. «Pero se trata de distribuir los costes de la manera más proporcional posible y es un tema que tiene su complejidad, hay que analizarlo muy bien y no se hace de un día para otro, de ahí que se dé margen hasta 2025», prosigue el concejal de Medio Ambiente.
En el marco de la elaboración de la nueva normativa estatal de residuos se aportaron datos como el hecho de que la mayoría de entidades locales del país disponen de tasas de residuos o una figura similar específica, pero en general muy alejadas del objetivo legal de cobertura de costes. En 2021, concretamente, la cobertura media nacional estaba en el 71,8%, de forma que una estimación a bote pronto ya avanzaría la necesidad de elevar la recaudación casi un 30%.
Ese mismo año, la OCU publicaba un estudio que situaba a Segovia en el puesto 27, sobre un total de 57 capitales o grandes ciudades españolas, y como la tercera de Castilla y León, en una clasificación sobre las tasas de basura más caras del país, basada en lo que suponen para una vivienda tipo de 95 metros cuadrados. Destacaba la ausencia de este tributo en Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga y Valladolid, si bien el Ayuntamiento de esta última ciudad ya trabaja este año sobre un borrador de la nueva tasa con idea de implantarla en 2024. En lo más alto del ranking nacional, por encima de 150 euros al año, San Sebastián (194,16), Jerez (174,77), Gerona (165,20) y Barcelona (156,65), al tiempo que en Soria o Alicante no llegaban a 30; y Segovia, con 80,52 euros, sólo por detrás de Burgos (89,76) y Salamanca (87,12) dentro de la Comunidad.
En el caso de Segovia coincide además que, en el verano de 2020, se firmaba una nueva contrata de recogida de basura y limpieza viaria con FCC que supuso un incremento de alrededor del 15% en los costes del servicio (de 5,3 a 6,1 millones por año, incluyendo en este caso también la limpieza viaria, que no entra en la nueva tributación en ciernes), sin que se haya repercutido con una actualización de la tasa correspondiente. «Hemos hecho el esfuerzo de dejarla como estaba porque la nueva contrata empezó en plena pandemia», destaca Galindo, pero ahí queda un deber pendiente.
Salvando distancias, sucede parecido con la ordenanza de vertidos, si bien esta última depende de la Concejalía de Servicios y su retraso ya supera los cuatro años. De hecho, se incluyó en el plan normativo de 2018, se supone que para aprobarla entonces porque ya se contaba con un borrador, y todavía figura en el de 2023 para su abordaje, en teoría, dentro del tercer trimestre. Será también así otro Gobierno local el que deba asumir una actuación tan necesaria como poco agradecida por los costes derivados que conlleve, empezando por la obligación de instalar separadores de grasas en establecimientos hosteleros.