Si a uno le piden que diga cuáles son los cuatro servicios municipales más importantes que presta cualquier Ayuntamiento de una capital como Segovia, probablemente la mayoría acabe diciendo, en el orden que sea: transporte urbano, recogida de basura y limpieza viaria, Policía Local y Bomberos. Son también los más costosos, y en los cuatro se han producido o se han aireado serios problemas laborales en un intervalo de apenas tres semanas.
El conflicto más caliente se libra actualmente en el transporte urbano, servicio que se presta a través de la empresa Avanza y que este jueves vivía su segunda jornada de paros parciales, dentro de la ronda de 22 que arrancó el martes y que han convocado los sindicatos para los meses de febrero y marzo. Son consecuencia de la falta de acuerdo en el capítulo económico para la renovación del convenio de transporte, que es de ámbito provincial pero, en la práctica, afecta casi exclusivamente a la capital; y quien se sienta a negociar es Avanza.
El Ayuntamiento llegó a emitir un comunicado el 20 de diciembre para informar de la desconvocatoria de un paro que se había previsto para el día siguiente, al tiempo que destacaba su «firme compromiso por seguir mejorando el transporte público», pero su siguiente comunicado al respecto fue el del pasado lunes para informar de los servicios mínimos fijados para esta nueva batería de 22 paros parciales a razón de tres horas por jornada. No en vano, los sindicatos llegaron a firmar un preacuerdo el 20 de diciembre, pero fue rechazado por los trabajadores en asamblea (por diferencias económicas, fundamentalmente), y el enfrentamiento no ha hecho más que agravarse.
El comité de empresa ya hablaba el pasado martes de servicios mínimos «abusivos», y este jueves, el portavoz sindical, Ángel Nieto (CCOO), confirmaba que los denunciarán directamente por la vía judicial, sin pasar por el Servicio de Relaciones Laborales (Serla): «Son excesivos, abusivos, están descontrolados, se dejan barrios casi sin servicio, buscando criminalizar a los trabajadores, y ahora ya hasta cambian conductores a última hora», advirtió. En este sentido, los servicios mínimos se organizan de tal modo que cada conductor sabe con antelación si forma parte de estos, y por tanto debe acudir a su puesto sí o sí, conociendo en ese caso el autobús que debe coger y para qué línea; o si queda en su mano ejercer el derecho a la huelga no yendo a trabajar; pero esta vez, en la misma mañana del jueves, «se llamó a cinco o seis conductores, incluido uno que formaba parte del comité de huelga».
Entretanto, la alcaldesa, Clara Martín, defendía el mismo jueves los servicios mínimos decretados:«No podemos interferir en el derecho a la huelga de los trabajadores, pero también tenemos que cubrir necesidades que entendemos imprescindibles, y no se ha ido más allá de otros servicios mínimos ya propuestos en otras ocasiones», afirmó. Asimismo, preguntada por dos líneas tan populares como la 3 y la 5, que dan servicio a El Carmen y Nueva Segovia, y se suspenden durante todas las horas de los 22 paros parciales sin excepción, insistió en señalar que «es difícil respetar el derecho a la huelga y atender también las demandas de todos los barrios».
LIMPIEZA. En un punto medio similar está el Ayuntamiento ante el conflicto entre los trabajadores de recogida de basura y limpieza viaria y la empresa concesionaria de ese servicio, FCC, que todavía les debe la subida salarial de 2022. El TSJ ya falló en noviembre a favor de la plantilla, cuyos representantes se reunían esta semana con los tres grupos de la oposición por separado (PP, Cs y Podemos), y los tres reclamaron a la alcaldesa que actúe, previendo que el conflicto puede acabar también en movilizaciones; pero Martín aboga por esperar en todo caso a que haya sentencia firme (está pendiente de recurso ante el Supremo).
Entretanto, el sindicato mayoritario de la Policía Local, SPPMCyL, desvelaba el martes que el Ayuntamiento debía a los agentes cinco meses de horas extras realizadas en refuerzos de servicios, y amenazaba con que no se cubrieran los que vengan en adelante con motivo de eventos como la Media Maratón, Semana Santa, Titirimundi, San Pedro ySan Juan... No obstante, horas después de hacerse público el conflicto, el concejal de Personal, Andrés Torquemada, aseguró que la deuda se saldará a finales de febrero.
Por otro lado, coincide que el TSJ ordenaba al Ayuntamiento a mediados de enero que pague las horas de guardias presenciales de Bomberos por el mismo valor que reconoce a las de jornada ordinaria, en lugar de considerar que ese servicio ya se cubría con un complemento específico. Una resolución por la que se estimó parcialmente un recurso de parte de la plantilla y que hará que toda entera cobre cantidades pendientes desde septiembre de 2017.
Y entre los cuatro conflictos, una tormenta perfecta sobre los servicios municipales, y sobre el propio Consistorio, que está por verse si amaina o más bien arrecia a menos de cuatro meses para elecciones.