Sin novedad en el pleno del CGPJ de este jueves. No hubo nominación de sus dos aspirantes al Tribunal Constitucional, llamados a la renovación de este junto a los dos que corresponde nombrar al Gobierno. Así que seguimos en las mismas, con un CGPJ caducado hace cuatro años y un TC pendiente de renovarse en un tercio (cuatro magistrados) desde el pasado 12 de junio.

Las cuatro horas de la reunión solo sirvieron para aprobar las reglas del procedimiento a seguir cuando el presidente, Carlos Lesmes, o al menos cinco miembros del Consejo, propongan nombres de candidatos para que dos de ellos reciban la conformidad de una mayoría cualificada. O sea, tres quintos como mínimo de los asistentes al pleno.

Algo que, hoy en día, y con el enrarecido ambiente en las relaciones del CGPJ y el Gobierno, se antoja una meta volante difícil de alcanzar antes del 13 de septiembre, que es la fecha impuesta por la norma legal que prohíbe los nombramientos a un CGPJ en funciones (reforma sobrevenida marzo 2021), a excepción de sus dos candidatos a entrar en el Tribunal Constitucional (julio 2022, reforma de la reforma).

Hasta aquí la reseña objetiva de lo ocurrido este jueves, como una entrega más del culebrón que ya dura cuatro años. Me refiero al pecado original que afecta al Gobierno y al principal partido de la oposición, culpables de haber generado la insostenible situación de la Administración de Justicia por la incapacidad de aquellos para cumplir el mandato constitucional que les obliga a consensuar la elección parlamentaria de los veinte miembros del órgano de gobierno de los jueces.

Pero el mandato constitucional ha sido sistemáticamente burlado por quienes están obligados a cumplirlo. Ninguna de las dos partes señaladas ha jugado limpio. Es verdad que el partido de Feijóo (antes de Casado) ha practicado un obstruccionismo de pretextos sobrevenidos y dilatorios. Pero también es verdad que el Gobierno (sus grupos parlamentarios PSOE y UP) ha tuneado el mandato en una especie de filibusterismo legislativo para adaptarlo a su conveniencia (cambio de reglas del juego con el partido en marcha) y redoblar su presión sobre el PP.

Así que no viene a cuento el rasgado de vestiduras que algunas voces del Gobierno, incluida la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que es jueza de carrera. Han arremetido contra Carlos Lesmes porque en el acto de apertura del año judicial conminó a Sánchez y a Feijóo, sin nombrarlos, a poner fin al "estropicio" judicial sin más demoras.

No me parece que la culpa de la situación sea de Lesmes. Ni de los componentes del CGPJ nombrado hace ocho años por las Cortes Generales. Sin embargo, el Gobierno los ha tratado y los sigue tratando como si la tuvieran.