La Fiscalía Provincial de Segovia solicita cinco años y medio de prisión al expresidente del consejo de administración de una bodega de la provincia, que está acusado de apropiación indebida y administración desleal por haber maniobrado de manera supuestamente irregular para hacerse con el control de la empresa y venderla después.

Tras varias ampliaciones de capital comenzaron las discrepancias con sus socios, según el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, remitido a esta redacción ocultando el nombre de la bodega. El acusado no presentó las cuentas de 2013 y 2014 y trazó un plan para hacerse con el control exclusivo de la empresa dejando atrás al resto de sus socios y despatrimonializar la empresa hasta dejarla vacía de activos y sin poder seguir realizando su actividad, tal y como apunta la Fiscalía.

Vendió la empresa -a través de dos operaciones no autorizadas por el resto de socios- a una persona ajena al negocio vitivinícola que llevó a cabo la compra por medio de una compañía de maquinaria de construcción que no tenía actividad ni plantilla en ese momento. Para la Fiscalía, esta persona "tenía perfecto conocimiento" de las intenciones del presidente del consejo de administración de la bodega "actuando ambos en connivencia". Por eso, le acusa de los mismos delitos y le pide la misma pena como cooperador necesario.

En las dos operaciones de compraventa traspasaron todos los activos patrimoniales de la empresa -entre ellas, las instalaciones de la bodega, el mobiliario, las marcas comerciales, trece fincas rústicas y una urbana- por casi 3,5 millones de euros, que no fueron ingresados, según la Fiscalía. La sociedad de la bodega se declaró en concurso de acreedores el 11 de abril de 2017, pero su comprador creó una nueva sociedad con idéntico domicilio, trabajadores y actividad, tal y como remarca el ministerio público.

El juicio se celebra desde hoy y hasta el jueves en la Audiencia Provincial de Segovia. Los acusados se enfrentan también a una posible condena de multa de doce meses con cuota diaria de veinte euros y al pago de una indemnización de 3,5 millones de euros.