El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó ayer lo que varios de sus ministros e incluso él mismo habían venido insinuando en los últimos días: la prórroga del paquete de medidas impulsado para rebajar los efectos que la guerra de Ucrania está teniendo en las economías domésticas. De esta manera, aprobará un decreto ley «sustancialmente igual que el anterior» que extenderá hasta el próximo mes de octubre medidas como el descuento de 20 céntimos a los carburantes, la ampliación de la cobertura y el descuento del bono social eléctrico, el incremento del ingreso mínimo vital, las rebajas fiscales aplicadas a la factura de la luz o el límite a la revisión de precios de los alquileres.
La sorpresa no estaba, por tanto, en el anuncio, sino en el empecinamiento en mantener sin ninguna variación sustancial unas medidas que, además de no llegar a sus destinatarios finales, no han conseguido el fin primordial que perseguían: contener la escalada en la inflación. El IPC solo dio un pequeño respiro en abril, volviendo a mostrar en mayo su cara más preocupante, lo que cuestiona la idoneidad del paquete de ayudas. La medida estrella, la rebaja en los carburantes, se ha revelado como insuficiente al haber sido anulada en la práctica por el alza en los precios de la gasolina, además de no ser progresiva, pues beneficia más a las rentas más altas. La excusa que se dio cuando se implantó, y que aludía a una premura en su puesta en marcha que impedía afinar más su aplicación, ya no sirve y demuestra la improvisación que aqueja al Ejecutivo a la hora de hacer frente al alza de precios, quizá el problema más acuciante que tiene en estos momentos sobre la mesa.
Desde que el 28 de abril el Congreso convalidara el documento aprobado por el Consejo de Ministros ha habido tiempo suficiente para analizarlo en detalle, corregir los errores detectados y negociar con todos los partidos la incorporación de alegaciones que lo mejoren. Nada de eso se ha hecho y nos encontramos ahora como el presidente del Gobierno da una nueva patada al balón confiando en que el paso del tiempo acabe por aplacar la inflación y arriesgándose a que la precaria aritmética que sustenta a su Gabinete convierta la votación que debe convalidar está prórroga en una nueva muestra de su debilidad parlamentaria.
Resulta también significativo que haya confirmado esta ampliación del plazo hasta octubre en su encuentro con los diputados socialistas para hacer un balance de los cuatro años de Gobierno desde que prosperase la moción de censura contra Mariano Rajoy. A falta de hechos concretos con los que avalar el éxito de su gestión, su salida ha sido una promesa de ayudas, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez.