Alrededor de una veintena de segovianos aguardan desde hace dos años la resolución de los recursos de apelación que presentaron ante la Audiencia Provincial en el marco de procedimientos de ejecución hipotecaria. Un largo compás de espera que está cerca de llegar a su final gracias a la sentencia que emitió el pasado 26 de marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este aclaró las dudas planteadas por el Tribunal Supremo por la cláusula abusiva de vencimiento anticipado, y algunos juzgados españoles ya han fallado a favor de declarar el archivo de las solicitudes de desahucios, aunque en Segovia la solución a este embrollo aún se va a demorar algo más, al menos en la Audiencia Provincial. 

El presidente de esta institución, Ignacio Pando, explica que han preferido que sea el Supremo el que emita primero un pronunciamiento con el objetivo de que queden zanjados todos los aspectos que todavía suscitan controversia, incluso tras la sentencia europea. Esta recuerda que la directiva comunitaria en este ámbito se opone a que la cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva sea conservada parcialmente mediante la supresión de los elementos que la hacen abusiva. Igualmente establece que los jueces sólo podrán sustituir, o integrar, la nulidad de la cláusula abusiva de vencimiento anticipado cuando el contrato de préstamo hipotecario no pueda subsistir en caso de supresión de esa cláusula y la anulación del contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales.

Estas premisas, que se resumen en que el consumidor podrá elegir entre ser desahuciado en tres meses o ir a un procedimiento judicial ordinario, han empujado a algunos juzgados españoles a decretar el archivo de los casos de ejecución hipotecaria. Pero el Supremo todavía tiene que decidir de qué forma aplica ese fallo europeo.  Mientras tanto, Pando no tiene constancia de que ningún juzgado segoviano se haya adelantado a ese instante. Aunque el presidente de la Audiencia Provincial desconoce la cifra exacta, es de suponer que varias decenas de segovianos se encuentran entre los más de 20.000 afectados en toda España por la paralización judicial de estos procedimientos hipotecarios que acordaron hace dos años los magistrados a la espera de que se pronunciase el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y como ha ocurrido ahora. 

La cláusula de vecimiento anticipado, presente en todas las hipotecas a lo largo de las últimas décadas, permitía a las entidades financieras desahuciar a las familias de sus casas por el impago de un mes, en lugar de acudir a un procedimiento ordinario, más largo y costoso. Fue declarada nula por la justicia comunitaria a raíz de un caso elevado por un juez de Santander, que cuestionó que el impago de siete mensualidades de un total de 564 cuotas de las que constaba la hipoteca fuese suficientemente grave como para aplicar el vencimiento anticipado.

Para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), constituía una práctica «injusta, inhumana, criminal e ilegal». Sus responsables se mostraban dispuestos a exigir y a reclamar la declaración de nulidad de todas las ejecuciones hipotecarias y los desahucios que se han producido desde 1995. En esa fecha, la legislación española debería haberse adaptado a la normativa comunitaria, según ha remarcado la propia plataforma, que incluso demandaba «la restitución de derechos y la reparación de los daños producido a más de 700.000 familias desde 2008 y a todas aquellas que han sufrido las consecuencias desde 1995 de la ilegal ley hipotecaria española».

En Segovia se registró un desahucio cada dos días a lo largo del año pasado, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El número de lanzamientos se multiplicó en 2017 en la provincia con 214 –la cifra más alta del último lustro–, pero sólo en Soria se han producido menos en el conjunto de Castilla y León. Cuatro de cada diez se deben al impago del alquiler, mientras que las ejecuciones hipotecarias representan algo más del 53 por ciento.

La PAH pone el acento en «los suicidios de personas por esta cuestión (más de 630.000 desde el 2008), la vergüenza de un irrisorio parque público de vivienda (que no llega al dos por ciento frente al 15 por ciento de media en nuestro entorno) y la inminente amenaza de un aumento de la emergencia habitacional provocado por el fin de la moratoria de las ejecuciones hipotecarias y la finalización de los alquileres sociales vigentes.