La inflación no da tregua y continúa con su vertiginoso avance a menos de un mes de que se celebren las tradicionales fiestas navideñas. El adelanto del Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de noviembre se ha disparado hasta un 5,6 por ciento, un registro al que no se llegaba desde hace 29 años y que deja dudas sobre si esta tendencia es pasajera, como advierten desde algunas instituciones monetarias, o ha venido para quedarse durante más tiempo. La segunda mitad del año está destrozando las previsiones de un Gobierno que situaba en el entorno del 2 por ciento el incremento de los precios, pero que, como consecuencia de los fuertes repuntes registrados en la luz, los combustibles o en la cesta de la compra, no va a tener otro remedio que revisar.
Con la excepción de Asia, donde apenas han experimentado subidas, el fenómeno inflacionista está afectando a ambos lados del Atlántico y se teme que la aparición de la nueva variante de la covid, Ómicron, pueda generar mayor incertidumbre, provocar una ralentización de la recuperación económica y cronificar una crisis de suministros que seguirá empujando a los precios. En el caso de España, el efecto más directo lo están sufriendo los ciudadanos que ven cómo sus salarios se congelan y su poder adquisitivo se va reduciendo por el mayor desembolso que tiene n que afrontar con la factura de la luz, el llenado del depósito de sus vehículos o a la hora de comprar productos tan básicos como el aceite o el pan.
Mientras, al Estado comienzan a no salirle las cuentas, sobre todo por el desembolso extra -cerca de 3.500 millones de euros- que provocará la inflación a la hora de hacer frente a unas pensiones que tendrán una subida del 2,5 por ciento. Teniendo en cuenta que la maltrecha hucha cuenta sólo con algo más de 2.000 millones de euros, la situación es preocupante. Además, España tiene una deuda más que considerable y la política económica que marque el Banco Central Europeo (BCE), si decide cambiar su hoja de ruta y aumentar el precio del dinero, puede suponer un enorme obstáculo, al tener que pagar más a los mercados para poder financiarse.
Si bien es cierto que el alza de la inflación es un fenómeno global, el desplome del poder adquisitivo también está ligado a un aumento de la presión fiscal que padecen tanto empresas como la ciudadanía. Hay un dato demoledor. El índice de miseria en España ha superado la barrera del 20 por ciento, erigiéndose como el más alto de la eurozona y registrando cifras desconocidas en las tres últimas décadas. El Gobierno debe reflexionar sobre su política económica y laboral ante una situación impredecible y sin precedentes.