Los negociadores del Reino Unido y la UE afrontan esta semana en Londres una nueva ronda de contactos sobre su futura relación tras el Brexit separados aún por profundas diferencias, tras haberse levantado de la mesa antes de lo previsto en su anterior cita en Bruselas.

Las expectativas que habían generado las primeras reuniones en persona, después de seis semanas de parálisis, quedaron difuminadas hace unos días tras constatarse que las posiciones de ambas partes permanecen invariables. El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, y su homólogo británico, David Frost, anularon el pasado viernes el encuentro que habían previsto después de cuatro jornadas de contactos técnicos entre sus equipos, un paso atrás que ha enfriado las perspectivas de un acuerdo para el verano. En las próximas semanas están previstas dos citas, en Londres y Bruselas, antes de que el 20 de julio comience en la capital británica la quinta ronda de negociaciones.

El problema que planea sobre todas las discusiones es la exigencia de que el Reino Unido se comprometa a mantenerse alineado con la normativa comunitaria en diversos ámbitos a cambio de acceso económico al mercado único. Bruselas quiere impedir que las compañías británicas operen con ventaja respecto a las europeas si Londres decide divergir en el futuro de las leyes comunitarias que regulan las ayudas estatales a empresas, los derechos laborales y los estándares medioambientales, entre otros.

En este sentido, el Reino Unido argumenta que condicionar su capacidad para legislar una vez ha abandonado la UE socavaría su soberanía nacional.

Adherirse a la legislación comunitaria puede menoscabar la posición de Londres para llegar a acuerdos comerciales con otros países. Ante ese escenario, el Gobierno británico propone a los Veintisiete el modelo de acuerdo al que el bloque llegó con Canadá, con menos condicionantes legales. Bruselas, sin embargo, rechaza desarrollar la negociación a partir de ese precedente y señala que tanto la posición geográfica del Reino Unido como su nivel de integración con la economía del continente hacen inviable repetir ese modelo.

derechos de pesca. El argumento de la soberanía nacional se repite en otro asunto espinoso, los derechos de pesca en aguas británicas tras el Brexit. Bruselas aspira a mantener el actual statu quo respecto a las cuotas pesqueras, algo que Londres considera inaceptable. El Ejecutivo británico, en cambio, propone negociar esos cupos año a año.

En el aire no solo está la relación comercial, sino la cooperación en seguridad, protección de datos, derechos de aviación y acceso mutuo a los servicios financieros. Aunque la UE ha marcado el 31 de octubre como plazo para sellar el pacto, el Gobierno británico ha expresado su deseo de acelerar este proceso.