El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León pide a las administraciones públicas "una mayor colaboración y coordinación" para mejorar los protocolos en la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital, con el objetivo de lograr "un sistema de garantía de rentas eficiente" desde la gestión "simultánea, complementaria y coordinada" de ambas ayudas.
En las recomendaciones del Informe sobre la Convivencia de la Renta Garantizada de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital, elaborado a iniciativa propia y al que ha tenido acceso Ical, el Consejo Económico y Social de Castilla y León reconoce el sistema de garantía de rentas que configuran ambas ayudas como "uno de los grandes sistemas del estado social, junto a la educación, la sanidad o los servicios sociales", por lo que considera necesario, para su ejecución eficiente, una coordinación "efectiva e integral" con la que "eliminar duplicidades y disminuir las desigualdades propias de un sistema complejo".
Por ello, el CES pide esa mayor colaboración entre las administraciones públicas implicadas con una "mejora de los protocolos de coordinación", poniendo a disposición del sistema "los datos de los que disponen de una forma transparente", algo que, a juicio del Consejo Económico y Social de Castilla y León, "redundaría en un sistema de garantía de rentas más eficiente".
Recuerda que la coexistencia de rentas autonómica y nacional "ha generado algunos problemas tanto en la gestión" para las propias Administraciones públicas como para las personas perceptoras, aumentando "la burocracia" y provocando "un desajuste", lo que ha podido afectar a la atención a las necesidades y a los procesos de inclusión que son "el fin último de la prestación autonómica".
En ese sentido, la institución recomienda contar con "formularios de solicitud simplificados", acortar al máximo los plazos para "resolver y hacer efectiva la prestación", y promover "las medidas y actuaciones necesarias para lograr la implementación completa del sistema de Tarjeta Social Digital", tanto para impulsar "la transparencia, evaluación de las políticas públicas y rendición de cuentas de la Administración" como para apoyar a esta en "la gestión y control" del sistema de prestaciones sociales públicas.
Es en ese marco también considera necesario "seguir actualizando la Renta Garantizada de Ciudadanía a la realidad social" ante unas necesidades "cambiantes", a través de la adaptación del "nuevo paradigma de los servicios sociales en Castilla y León" de la atención integral "centrada en la persona" al sistema de garantía de rentas, para lograr "itinerarios de inserción laboral y social que estén mejor conectados y ajustados a los proyectos de vida de cada persona" a través de la "gestión de caso".
Esta debe ir acompasada con un "acompañamiento social y trabajo en red" donde la atención centrada en la persona incluya "actuaciones transversales que logren el objetivo final de poder proporcionar a estas personas una vida digna, superando la situación de pobreza y exclusión social". Para ello, el CES entiende que se deben "incrementar los esfuerzos para que se pueda contar con el número suficiente de profesionales que desempeñen estas tareas" en la Administración.
Esto requiere un "marco de financiación suficiente" que también redunde en "actuaciones informativas y divulgativas para generalizar el conocimiento de la posibilidad de percibir estas rentas" entre los posibles beneficiarios y para la creación de "un sistema unificado de información, intermediación y reclamación sobre prestaciones sociales y Renta Garantizada de Ciudadanía".
Importancia del Diálogo Social
Además, entre las conclusiones y recomendaciones elaboradas por el CES en base al informe, se considera que "Castilla y León necesita seguir adoptando políticas de lucha contra la pobreza y la desigualdad acordadas con los agentes sociales y económicos", por lo que remarca que las medidas que actualicen la Renta Garantizada de Ciudadanía a la realidad social deben tomarse "siempre contando con el Diálogo Social".
No obstante, este último "está contribuyendo al avance de la protección social mediante derechos y a la implantación de medidas que favorecen la superación de las situaciones de exclusión", ayudando al mismo tiempo a "fomentar y consolidar las sinergias entre las diferentes políticas" y facilitando con ello "un proceso de convergencia real hacia la mejora de las condiciones de vida de las personas".
También considera para ello importante el CES que se cuente con la cooperación del Procurador del Común de Castilla y León y con las entidades del tercer sector, con las que reforzar los itinerarios de integración social, que complementen un sistema de prestaciones adecuado en los casos que no se llegue a unos recursos económicos suficientes, y que se basen en el empleo como "uno de los instrumentos de lucha contra la pobreza y la exclusión social", a través de mecanismos que activen e inserten a los colectivos más vulnerables desde "la cualificación y el reciclaje profesional".