Sanciones covid: solo se ha pagado una de cada cuatro

Ical
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La Junta de Castilla y León recuerda que, al finalizar el periodo de pago voluntario, tramita el cobro por el procedimiento de apremio.

Control del cierre perimetral a los pies del Acueducto. - Foto: Nacho Valverde/Ical

Un total de 864 expedientes sancionadores abiertos por la Junta  de Castilla y León en Segovia por incumplir las medidas 'anticovid' (el 24,9 por ciento del total) han finalizado con el abono de la multa en el periodo de pago voluntario. Según los datos de la Delegación Territorial, hasta el momento se han realizado en total 5.373 denuncias, de las que 4.398 son de su competencia y 975 de los ayuntamientos.

El 80,8 por ciento de las propuestas ya se han transformado en expedientes sancionadores. La mayoría (un 70 por ciento) tienen que ver con infracciones de la limitación de entrada y salida de la Comunidad de Castilla y León. Le siguen con 1.095 denuncias los incumplimientos del toque de queda, mientras que las fiestas ilegales acaparan 148.

El resto de expedientes se refiere a horarios, aforo y distancias entre mesas en establecimientos de hostelería y a incumplimientos de medidas de prevención frente a la Covid-19 en otros establecimientos. El Boletín Oficial de Castilla y León publicó el 24 de julio del año pasado el Decreto Ley 7/2020, de 23 de julio, por el que se regula el régimen sancionador aplicable en Castilla y León a las infracciones cometidas por incumplimientos de las medidas preventivas y de contención de la pandemia de la Covid-19.

En esta norma se definen las conductas que quedaban tipificadas como infracciones y las cuantías de las sanciones que procederían a cada infracción, calificándose como muy graves (riesgo de contagio para 150 personas o más) con multas de entre 60.001 y 600.000 euros; graves (riesgo más de 15 personas y menos de 150), con multas entre 3.001 y 60.000 euros, y leves (riesgo para 15 personas o menos), multa entre 100 y 3.000 euros. Si finaliza el plazo de pago voluntario y el abono no se ha realizado, se procede a tramitar el cobro por el procedimiento de apremio. En este caso, la deuda aumenta al aplicarse los recargos establecidos legalmente y puede suponer el embargo de bines al deudor.