Farsa en Nicaragua y silencio en España de los dirigentes de Izquierda Unida y Podemos. La mascarada electoral ideada por la familia de Daniel Ortega para perpetuarse en el poder encarcelando a los líderes de la oposición o forzándoles a exiliarse no ha suscitado la menor crítica entre quienes aquí, a diario, reparten carnés de democracia.

Ante tanta manipulación no ha trascendido ni un reproche de la vicepresidenta Yolanda Díaz, militante del Partido Comunista, ni en boca de Alberto Garzón, ministro y coordinador federal de IU, que forman parte de un Gobierno que en palabras del ministro de AA.EE. José Manuel Albares, sí ha denunciado -y condenado- la farsa. También las ministras Belarra y Montero guardan un llamativo silencio.

Y no será porque desconocen que la consulta estuvo viciada desde el principio como han denunciado varias instancias internacionales: desde el Parlamento Europeo a gobiernos de muchos países, incluido el español y el de los Estados Unidos. Ninguno otorga validez al resultado. Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo --un personaje siniestro autoproclamada "vicepresidenta"--, han dado un paso más en el objetivo de perpetuarse en el poder al precio de prolongar una dictadura en la que todos los resortes políticos, económicos y policiales están en manos de familiares y allegados.

Un escándalo que a los ministros de Podemos y del PCE no parece que les impida conciliar el sueño. Quienes siempre están de guardia para denunciar atropellos a los Derechos Humanos cuando se detectan en otros lugares -- como viene sucediendo en Nicaragua no de ahora, desde hace mucho tiempo-- en esta ocasión, ni están ni se les espera. Parecería razonable que el personal tomara nota de tanta hipocresía por no hablar de impostura.