Entre el caso Trípode y las nuevas acusaciones públicas de más irregularidades de contratación en la Concejalía de Cultura, vertidas esta semana por Podemos y PP, hay muchas similitudes y una misma persona señalada, la edil Gina Aguiar, quien ya dejó esa área en marzo por la primera polémica pero sigue al frente de Turismo, mientras todos los grupos menos el PSOE (incluido su socio de gobierno, IU) exigen ya su dimisión.
No obstante, también hay una diferencia clara entre ambas polémicas: la primera empezó en el terreno político en septiembre de 2020 y acabó siendo avalada el 3 de marzo por una condena judicial al haber vulnerado la ley de contratos, por partir en tres una adjudicación de 27.000 euros (la organización del festival de cine europeo, antigua Muces) con el objetivo de no tener que convocar un concurso público (obligatorio a partir de 15.000) para agilizar trámites y asegurar la elección de una empresa concreta, denominada Trípode y creada meses antes. La segunda polémica, sin embargo, acaba de empezar y se mantiene por ahora en el terreno político, donde amenaza con enfangarse. A lo largo de esta semana se han escuchado palabras aún más gruesas que en marzo, incluso con sospechas de «tráfico de influencias» por parte del PP; y si termina el asunto en la vía judicial (ya sea la administrativa o la penal), está por verse que la resolución final vuelva a ser condenatoria para el Ayuntamiento. Aunque este segundo caso, en palabras del portavoz de Podemos-Equo, Guillermo San Juan, «no hay por dónde cogerlo».
Resumiendo, lo que el concejal morado denunció en rueda de prensa el pasado lunes fue «otro caso de fraccionamiento de contrato para evitar un concurso público transparente y abierto». Un dedazo ilegal por superar los 15.000 euros de tope que, en condiciones ordinarias, tiene un contrato menor, fórmula que permite elegir y reducir aspirantes.
Reacciones.San Juan no citó la palabra «dedazo», pero PP y Cs sí. Esta vez, por el contrato de servicios de asistencia técnica (luces, sonido y maquinaria) para la organización de espectáculos en el centro de creación La Cárcel, con el agravante de que la persona beneficiaria en este caso es el hermano de Aguiar.
La presunta ilegalidad, en principio, se atribuye realmente a la fórmula de contratación, no al parentesco, a pesar de lo antiestético del asunto, su relevancia mediática, política y popular, o la omisión de esa máxima no escrita en política que llama no sólo a ser honesto, sino parecerlo. Asimismo, la persona contratada ya llevaba desde 2011 realizando trabajos de asistencia técnica para el Ayuntamiento en La Cárcel, prácticamente desde que abrió como centro cultural. Entonces la concejala del área era Clara Luquero, mientras que Aguiar tomó posesión en julio de 2019 y ‘sólo’ dio continuidad a prácticas de mandatos anteriores en los que, eso sí, coincide que, por su profesión de gestora cultural en el ámbito privado, programaba ciclos de teatro y otros espectáculos en ese mismo escenario.
Podemos ha puesto el foco concretamente en la adjudicación de asistencia técnica que firmó el hermano de Aguiar en 2017 y que aún tiene continuidad, «encadenando dos o más contratos menores al año, cada uno de ellos siempre por debajo de los 15.000 euros máximos que fija la ley, pero que conjuntamente superan con creces este límite anual», precisó San Juan. En facturas de 2.722,5 euros mensuales, salvo en agosto porque La Cárcel permanece cerrada, el técnico habría percibido un total de 29.947,5 euros en 2019 y un poco menos en 2020, 24.502,5, debido al cierre de la instalación por la pandemia. También de cara a 2021 firmó un contrato de 13.500 euros sin IVA para el periodo enero-julio y, «previsiblemente, se pretendía completar con otro de septiembre a diciembre, sin control previo y volviendo a superar el límite de 15.000 euros», añadió.
El mismo lunes, apenas cuatro horas después de la rueda de prensa de San Juan, Alcaldía, que ya sabía desde hace más de un mes de la investigación que habían iniciado Podemos por un lado y el PP por otro, y tenía constancia desde el viernes anterior de la convocatoria del edil morado a la prensa, difundía un comunicado en defensa de tal contratación. Recordó que la relación del hermano con el Ayuntamiento es anterior a la toma de posesión de Aguiar como concejala, aseguró que el procedimiento seguido contó con el asesoramiento de Contratación y también que se recurrió «a los mecanismos adecuados». También anunció que el departamento de Intervención «ha revisado los contratos menores de 2018 y lo hará de los correspondientes a los dos últimos ejercicios». Pero, siendo más precisos, ese plan de fiscalización sólo abarca una selección limitada de contratos de distintas áreas; se hace por ley, no por iniciativa política; y tampoco se ha concretado que contratos se fiscalizarán ahora; o cuánto tiempo tocará esperar hasta ver resultados, dado que aún hoy no existe informe de fiscalización sobre los procedimientos de hace tres años.
Al día siguiente de la rueda de Podemos, el portavoz del Grupo Popular, Pablo Pérez, ofreció otra en la que aportó nuevos datos. Relató que el hermano de Aguiar dejó de percibir 6.750 euros de su primer contrato menor de 2020 debido a la suspensión de actividad en La Cárcel por el Estado de Alarma, tal y como pudo saber por un decreto municipal publicado en julio. Pero tres días después se publicó otro en el que se le volvía a contratar por la misma cantidad para un encargo diferente, la cobertura técnica de las actuaciones de ‘Segovia, un oasis de cultura’, el nuevo ciclo que diseñó la Concejalía para el verano con parte del dinero ahorrado ante el drástico recorte de actividad por la pandemia.
«Ni cortos ni perezosos, sin ningún tipo de vergüenza», un contrato a la carta, «hecho a dedo, ad hoc, para que el hermano de Gina no perdiera un solo euro durante el año», según Pérez. «Es una vergüenza que el dinero de los segovianos se gestione a base de dedazos, nepotismo, amiguismo, e incluso beneficiando a familiares», abundó, aunque también recalcó que no cuestiona la profesionalidad del técnico, al que llegó a describir como «un daño colateral».
Cs, por su parte, ya difundió un comunicado pasadas las 21.00 horas del lunes para volver a pedir la dimisión de la concejala: «Luquero no puede mantener a Gina Aguiar en el equipo de Gobierno ni un minuto más», titulaba las líneas firmadas por su portavoz, Noemí Otero.
Evidentemente, aunque todos los grupos conozcan que esta contratación viene de atrás, todos saben que el eslabón que flojea es el nuevo y nadie ha pedido (todavía) de forma expresa la dimisión de Luquero, aunque Pablo Pérez sí apuntó que desde su grupo lo harían si llevan el conflicto a la vía penal y acaba en condena.
COMUNICADO DE IU EN 2017. Curiosamente, IU, hoy socio de gobierno del PSOE, fue el primer partido que puso en cuestión una contratación del hermano de Aguiar. Lo hizo en junio de 2017, fecha que además coincide con el inicio de la etapa señalada por Podemos.
A través de un comunicado, Galindo, entonces en la oposición, advirtió de «quejas y sospechas» vertidas por «varias personas del sector» ante «el escaso rigor de este procedimiento»; y deslizó un posible favoritismo, sin citar tal palabra, al apuntar que el adjudicatario era «familiar de una de las personas que programa ciclos de teatro y otros espectáculos en La Cárcel». Pero todo quedó en la difusión de aquella nota, bajo el título «IU pide más transparencia y rigor en los procesos de contratación pública».
No obstante, ahora, una vez conocido el serial de contrataciones del hermano, Galindo ha pasado de pedir en marzo la salida de Aguiar de Cultura a exigir esta semana su dimisión por considerar demostrado que Trípode no fue un caso aislado. En esencia es el mismo argumento del resto de partidos, pero ninguno incomoda tanto al PSOE como éste, por su condición de socio de gobierno.
También llama la atención que esta vez, a diferencia de lo ocurrido tras la sentencia de Trípode, el PSOE sí se pronunciara a través de un comunicado de su secretario provincial, José Luis Aceves. Lo difundió el miércoles en apoyo a Aguiar y contra lo que considera una «campaña de acoso», y dedicó réplicas al PP, Cs y Podemos, pero sin llegar a mencionar a IU.
Tres cuartos del comunicado los dedicó a criticar la «política rastrera» del PP. Argumentó que en Segovia, al tratarse de una provincia pequeña, son «habituales» los casos de concejales con familiares que trabajan en el Ayuntamiento o para empresas contratadas por este, tal y como sucede con «algunos» del Grupo Popular. Retó a los populares a auditar sus contratos en la Diputación y ya en los últimos párrafos, tras criticar a Ciudadanos en una frase de pasada, unas líneas para Podemos con una llamativa asociación de ideas: «Mucho menos entendible es la actitud del concejal de Podemos, Guillermo San Juan, cuya obsesión por atacar al gobierno municipal nadie entiende en la izquierda segoviana»; o «que Podemos se esté convirtiendo en el principal aliado de la derecha en este acoso y derribo al gobierno municipal es difícilmente entendible». ¿Una llamada abierta al corporativismo ideológico?
De momento, a pesar de las peticiones de dimisión, igual que IU se ha reafirmado en su condición de socio de gobierno para «seguir trabajando» al frente de las concejalías de Medio Ambiente y Servicios Sociales, Podemos tampoco ha puesto en cuestión su acuerdo de programa con el PSOE. «Estamos a la expectativa y mantenemos todas las líneas de comunicación y trabajo abiertas», afirma el portavoz morado a El Día. «La solución la tiene el Grupo Socialista. Cuanto antes cierre definitivamente esta crisis, mejor para la ciudad y mejor para el propio grupo. Esto no es plato de buen gusto para nadie, pero Podemos no se va a callar ante ninguna irregularidad, no vinimos a la política para ello», subraya.
defensa de la alcaldesa. Entretanto, la alcaldesa insistía el jueves en su defensa cerrada de Aguiar. Recalcó que ella no va a cesarla y espera que la concejala no dimita, al tiempo que insistió en que todo el procedimiento se basó en criterios técnicos, que no hubo irregularides y tampoco más decisiones políticas que la intención de dar continuidad a un servicio. Resumiendo, los mismos argumentos que ofreció por el caso Trípode, y en parte no sorprende a pesar de la creciente presión porque, si considerase que debía tomar alguna medida más, bien podría haberse anticipado, dado que sabe desde hace más de un mes que estas acusaciones se iban a producir. De hecho, San Juan advirtió a Aguiar en conversación informal tras el caso Trípode, y tanto Podemos como el PP registraron peticiones de información el mes pasado sobre las contrataciones del hermano.
Ahora queda por delante un próximo pleno (en principio, para el 30 de abril) que promete ser bronco, ya que el PP prevé presentar una moción que espera que apoyen el resto de partidos para pedir la dimisión de Aguiar, «si es que no deja antes el cargo». Luquero, desde luego, no será quien tome la iniciativa de sacarla del Grupo Socialista. Apostó muy fuerte por Aguiar al inicio del mandato (iba de número 11 en la lista del PSOE, que logró 10 actas de concejal en las elecciones, pero una oportuna renuncia facilitó su entrada al Consistorio), aunque el PP atribuye el comprometido enroque de la alcaldesa al hecho de que estas «prácticas» guarden relación con su etapa de concejala. Y al fondo, la amenaza de una nueva denuncia en los juzgados.
«No descartamos ninguna opción, pero creemos que lo más conveniente es una salida política, la dimisión», opina el portavoz de Podemos. Su homólogo del PP, mientras, decía el martes que estudian denunciar por la vía administrativa, que fue por la que llevaron el caso Trípode, o también la posibilidad de la vía penal. Palabras mayores, aunque de momento las acusaciones siguen limitadas a la escena política.