Una mujer, de más de 60 años y natural de Venezuela, ha aceptado una condena de tres años de cárcel por captar a mujeres en situación de vulnerabilidad en Colombia y convencerlas para viajar hasta España, donde eran explotadas para ejercer la prostitución. En una sesión celebrada este martes en la Audiencia Provincial de Segovia, el presidente de la Sala, Ignacio Pando, ha adelantado el fallo de la sentencia después de que la Fiscalía y las dos defensas -de ella y de otro acusado- hayan mostrado su conformidad con el acuerdo alcanzado.

La procesada ha reconocido los hechos y su responsabilidad como cómplice de un delito de trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual, por el que ha sido condenada a dos años y medio de cárcel. También ha admitido ser autora de un delito de amenazas contra una de las mujeres captadas, por el que se le ha impuesto una pena de otros seis meses de cárcel, y de otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por el que deberá pagar una multa de tres euros al día durante seis meses.

El otro acusado, también venezolano, ha aceptado su participación en los hechos y la condena de dos años y medio de cárcel por ser cómplice de un delito de trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual y la misma multa de seis meses por el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Cada uno de ellos deberá pagar además 3.000 euros de indemnización a una de las víctimas, que prestó declaración como testigo protegido en la fase de instrucción de este proceso.

Ambos cumplían prisión provisional en Colombia desde que fueron detenidos allí en junio de 2021 por una orden internacional librada por el Juzgado de Instrucción 5 de Segovia hasta que fueron trasladados a España el pasado 4 de marzo. Ella ingresó en Alcalá de Henares y él en Segovia.

En un principio, la Fiscalía había pedido en su escrito de calificación provisional diecinueve años de cárcel para ella y quince para él por delitos continuados de trata de seres humanos y contra los ciudadanos extranjeros, otro delito de pertenencia a grupo criminal y, en el caso de ella, también por uno de amenazas. Según la fiscal, y como han reconocido los procesados este martes, hasta septiembre de 2018 ambos convencían a las mujeres en Colombia mediante engaño o prevalimiento de su situación de vulnerabilidad social o económica, las preparaban para entrar ilegalmente a España y pagaban sus viajes.

Después, otras tres personas recibían a las víctimas en España y las llevaban a un prostíbulo de la localidad segoviana de Garcillán, donde ejercían la prostitución a fin de abonar la supuesta deuda que habían contraído por viajar hasta España. Se imponía a las víctimas todas las condiciones de su actividad, desde los horarios hasta el precio de las relaciones sexuales, su duración o el precio de las copas y las sábanas; en todos los casos las mujeres estaban alojadas en el propio club y, en algunas ocasiones, tenían que pagar por la estancia.

No tenían permiso de residencia ni de trabajo, no estaban dadas de alta en la Seguridad Social y tampoco tenían contrato, por lo que carecían de "cualquier derecho laboral" y esto permitía "un efectivo control sobre ellas", ya que no podían volver a su país ni acceder a un trabajo. En octubre de 2021, la Audiencia de Segovia celebró un juicio en el que fueron acusados el dueño del prostíbulo de Garcillán y su encargado, que resultaron absueltos, y un tercer hombre, que fue condenado a tres años de cárcel, una multa y una indemnización de 3.000 euros a una de las víctimas. La sentencia estimó probado que este tercer acusado realizó en agosto de 2018 un envío de 400 euros a Colombia con la finalidad de sufragar las operaciones de traslado de las víctimas a España con fines de explotación sexual.