Los nacionalistas escoceses no tiran la toalla y han convertido las elecciones del próximo jueves en una suerte de plebiscito sobre la posibilidad de celebrar un nuevo referéndum de independencia del Reino Unido, una consulta que Londres no quiere permitir pero que, en caso de que la opción separatista consiga una mayoría consistente, podría volver a convertirse en una realidad.
Y las expectativas son buenas para ellos. Porque a pesar de la fragmentación -el exministro principal Alex Salmond ha creado un nuevo partido secesionista, el Alba-, el apoyo a los rupturistas va en aumento y, de hecho, se espera que su respaldo aumente considerablemente en las primeras elecciones celebradas en suelo británico tras la consumación del Brexit.
Según un sondeo publicado hace apenas unos días, los bloques prosecesión pueden llegar a ganar 79 de los 129 escaños que forman el Parlamento de Edimburgo, que se compondría con cinco formaciones políticas.
El gobernante Partido Nacional Escocés (SNP) de Nicola Sturgeon se haría con 65 asientos, dos más de los que tiene ahora, mientras que Los Verdes sumarían dos más, hasta los ocho diputados. La formación de Salmond -quien salió del SNP tras el fallido referéndum de 2014 y ha postulado al Alba como «un partido de apoyo» para Sturgeon- lograría seis escaños. Los grandes perdedores serían los conservadores, que obtendrían 24 diputados -siete menos que los actuales- y los laboristas, con 20 -cuatro menos-.
Estos comicios, los sextos en la región desde 1999, serán una prueba de fuego para los secesionistas, pero sobre todo para Sturgeon, que, como ministra principal, ha plantado cara al Ejecutivo de Londres y ha activado ya un borrador de proyecto de ley para la convocatoria de una nueva consulta, similar a la de 2014 -en la que los votos a favor de la permanencia en el Reino Unido ganaron con un 55,3 por ciento-, pero sin una fecha. Según la mandataria, el plebiscito debe tener lugar «cuando haya pasado la crisis» generada por la pandemia, dándose así flexibilidad para elegir el momento adecuado -previsiblemente a finales de este año-.
Una mayoría independentista facilitaría los planes de Sturgeon, que apela en esta ocasión a la necesidad de Escocia de «reingresar en la UE» después de que se haya materializado el Brexit -en el que los escoceses, incluso los conservadores, votaron mayoritariamente por no abandonar el bloque comunitario-.
Sin embargo, existe un gran obstáculo para el SNP: la negativa del Gobierno de Boris Johnson a transferir, como sucedió con el Ejecutivo de David Cameron en 2014- la competencia temporal de organizar un referéndum. Si el Parlamento de Edimburgo aprobase una ley para arrogarse el poder de convocar una consulta separatista, el de Westminster podría modificar la Ley de Escocia de 1998 -equivalente a un estatuto de autonomía- para declararla constitucionalmente ilegal o remitirla a la Justicia.
El propio Johnson no dejó pasar la oportunidad, ante la cercanía de los comicios, para dejar clara su postura, instando a los nacionalistas a «concentrarse más» en recuperarse de la pandemia que en un posible referéndum, que consideró «irrelevante» para la mayoría de la región. Sin embargo, a diferencia del fracaso de 2014, la salida de la UE podría dar un vuelco en un nuevo plebiscito, teniendo en cuenta que el Brexit ha abierto una gran brecha en la idea de unión que el Reino Unido siempre buscó demostrar, con el sentimiento nacionalista en Escocia e Irlanda del Norte cada vez más en alza.
En caso de que se cumplan los sondeos y los nacionalistas firmen una mayoría consistente, la tensión entre Escocia y Downing Street se incrementará. A Sturgeon no le temblará el pulso a la hora de convocar una consulta con muchas dudas legales y con la férrea oposición de un Johnson que no quiere volver a pasar por maratonianas negociaciones de ruptura como las que se vivieron con la UE para materializar el divorcio con Europa. Y mucho menos ver cómo la nación se resquebraja. Porque si Escocia da el primer paso, detrás podrían llegar otros desde Irlanda del Norte o Gales.