La vicepresidenta primera del Gobierno está de reformas. La de la Constitución, que había encargado a los operarios de la RAE, se le ha complicado. Los académicos se han puesto académicos y dicen que ellos no tienen por qué reformar un texto gramaticalmente impecable. Pretendía Carmen Calvo que los guardianes del idioma le dieran a la Carta Magna una mano de lenguaje inclusivo y que donde pone españoles ponga también españolas.
A la espera de que lleguen a la institución lingüistas más comprometidos con la cruzada de la vicepresidenta, la número dos del cogobierno se ha puesto en la faena de defender la reforma del Código Penal. Intenta hacernos creer que las rebajas de penas en los delitos de sedición y rebelión no forman parte de ningún compromiso con los independentistas catalanes, que sólo pretenden adaptarse a la moda de esos tribunales europeos que nos han enmendado varias sentencias o que nos han humillado, según cree el vicepresidente Iglesias.
Los independentistas siempre han sido insaciables. Cuando no pasaban de nacionalistas se conformaban con las inversiones preferentes para sus territorios. Ahora que se han quitado la careta y se han echado al monte no van a tener pudor. A medida que avance la legislatura aumentarán su apuesta. El gobierno intentará disimular las concesiones con eufemismos y embustes. Y si la estrategia no sirve ante la opinión pública siempre queda el recurso de la fábrica de polémicas. Los gurús de la comunicación te diseñan en cuestión de minutos un debate absurdo que sólo sirve para crispar a la sociedad y dividirla en bandos irreconciliables. El voto es visceral y ya no atiende a razones sino a emociones que se encargan de mantener incandescentes los fogoneros de la política.