El Salón de Plenos del Palacio Provincial ha acogido esta mañana la sesión plenaria ordinaria del mes de julio que se ha alargado durante casi cuatro horas y en la que se ha dado luz verde a la modificación del contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio, a una modificación presupuestaria cercana al medio millón de euros y al convenio con la Junta de Castilla y León para participar en el programa ‘Rehabitare’, para la rehabilitación de viviendas en el medio rural y que sean destinadas al alquiler social en la provincia. Como viene siendo habitual, las mociones han sido las protagonistas del debate. Precisamente ese debate entre los portavoces de los grupos ha traído consigo la aprobación unánime de la moción conjunta presentada por los grupos Popular y Mixto, y enmendada por el socialista, relativa a los funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional. Esta propuesta ha puesto de manifiesto la reivindicación del papel fundamental que realizan los secretarios-interventores en todos los ayuntamientos de la provincia que, tal y como ha expresado el presidente, Miguel Ángel de Vicente, “son la columna vertebral en el día a día de los ayuntamientos, sobre todo de los más pequeños”. En total en nuestra provincia hay 98 secretarios, de ellos solamente cincuenta cuentan con habilitación nacional y el resto son interinos. Por eso, lo que persigue esta propuesta es instar al Gobierno de España a incrementar de forma progresiva la Oferta de Empleo Público para la cobertura de puestos reservados a funcionarios para que estos puestos de trabajo tengan cobertura con carácter definitivo, y por otro lado, instar a la Junta de Castilla y León a modificar la normativa autonómica de forma consensuada con los representantes de las entidades locales y del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros, para agilizar los procedimientos de cobertura de sus puestos.
Para el portavoz de C´s, Ángel Jiménez “es fundamental reducir la tasa de interinidad”, algo que ha refrendado su homólogo popular, José María Bravo afirmando que “se avecinan muchas jubilaciones y tenemos que anticiparnos a la situación que pueda crearse en poco tiempo”. El diputado socialista, José Antonio Mateo ha agradecido el trabajo de los secretarios y ha destacado el apoyo a la moción “porque estamos totalmente de acuerdo en el fondo”.
También ha salido adelante una moción sobre la autonomía financiera de las entidades locales para la gestión de sus recursos que no ha apoyado el grupo Socialista por considerar que “se trata de una política de desgaste hacia el Gobierno de España y no tiene nada que ver con los intereses de nuestra provincia” tal y como ha manifestado el portavoz Máximo San Macario. Por su parte, José María Bravo le ha afeado esta manifestación diciendo que “la única política que yo vengo a hacer aquí es la que está a favor de los ayuntamientos de la provincia y, desde luego, a reivindicar un dinero que los pueblos han ahorrado con mucho sacrificio”. También Ángel Jiménez le ha recriminado no ver “municipalismo en su actitud al no apoyar esta moción”.
Por último, las dos mociones presentadas por el PSOE han sido rechazadas por el equipo de Gobierno. La primera de ellas en relación al arreglo de los caminos rurales y la labor que se realiza desde el Área de Acción Territorial que según ha manifestado San Macario, “debería diseñarse un procedimiento único, cíclico, objetivo y transparente”. A este respecto, la diputada Noemí Otero en representación del grupo Mixto ha explicado su rechazo argumentando que “las cosas que piden ya se están haciendo con objetividad, planificación y buena voluntad, aunque hay intangibles como la climatología que no se pueden controlar”. Esta idea ha sido reforzada por el diputado del Área, Basilio del Olmo quien ha destacado “la apuesta de este equipo de Gobierno por el medio rural, y el respaldo a la labor de los trabajadores y técnicos que dan respuesta a lo que nos piden los alcaldes porque ellos son los mejores ingenieros, ya que saben la realidad de sus caminos”.
En cuanto a la moción relativa al condicionamiento de la financiación ordinaria de las entidades locales por parte de la Junta de Castilla y León, y a la reparación y conservación de los caminos rurales; populares y grupo Mixto han manifestado su rechazo porque “el decreto al que se refiere mejora el dinero que nos da la Comunidad y en un solo pago, no en cuatro como se venía haciendo”.