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Luz en el atasco de los juicios laborales

Nacho Sáez
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El nuevo Juzgado de lo Social, aprobado la semana pasada, aspira a aliviar el elevado número de asuntos en trámite en esta jurisdicción.

La magistrada titular del Juzgado de lo Social, Carolina Otero, en una imagen de archivo. - Foto: Rosa Blanco

La insistencia a veces tiene premio. El Consejo de Ministros aprobó este martes la creación de un segundo Juzgado de lo Social en Segovia, solicitado en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos años por todos los estamentos de la Administración de Justicia de Segovia, conocedores del atasco existente en esta jurisdicción, de la que dependen los juicios laborales. El nuevo órgano aspira a paliar el elevado número de asuntos en trámite.

Según los datos más recientes publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), correspondientes al segundo trimestre de este año, el Juzgado de lo Social de Segovia acumula 743 asuntos en trámite, 144 más que antes de que estallara la pandemia, a pesar de haber recibido un refuerzo. A finales de octubre de 2020, una nueva jueza y funcionarios se incorporaron para evitar el colapso, previsible ante el final de los ERTE y de la moratoria concursal. A día de hoy, la carga se ha aliviado parcialmente la carga –en el segundo trimestre descendieron los asuntos en trámite respecto al primero–, pero el Juzgado de lo Social de Segovia arrastra cifras de pendencia peores que Ávila, Salamanca y Soria.

La puesta en marcha de un segundo órgano en esta jurisdicción se enmarca en el Real Decreto al que dio luz verde este martes el Consejo de Ministros, que permitirá la creación de 70 nuevas unidades en toda España, correspondiente a la programación 2022 y adecuación a la planta judicial. «El objetivo de este Real Decreto es afrontar, atender y resolver la carga de trabajo existente en la Administración de Justicia en todo el territorio nacional», según destacó el comunicado emitido por Presidencia del Gobierno. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha valorado así este aumento de la planta judicial, que atiende el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adoptado en su reunión de 5 de mayo de 2022, como «una muestra del compromiso de este Gobierno con el servicio público de Justicia y un avance para seguir impulsando la transformación que está viviendo el sector en nuestro país».

Los procedimientos por impugnaciones de ERTE o de adaptaciones de jornada acentuaron durante la pandemia la sobrecarga de trabajo del Juzgado de lo Social de Segovia, en el que la exigencia ya se había incrementado antes de que estallara la crisis sanitaria. «Este Juzgado de lo Social es un medidor», señaló en abril del año pasado su titular, Carolina Otero. «Cuando empiezan a subir desmesuradamente los asuntos es que se está gestando otra crisis. Y en esas estábamos cuando llegó la pandemia. Había una crisis incipiente».

A raíz del estado de alarma se tuvo que enfrentar a materias hasta ahora desconocidas para este tipo de juzgados, como las medidas de protección reclamadas por los sanitarios en plena primera ola. Una situación que obligó a Social a ser una de las primeras jurisdicciones en desescalar. A falta de grandes empresas en la provincia, la hostelería y el resto del sector servicios centra su actividad. Aunque ha llegado a celebrar cerca de una treintena de juicios en dos días, su agenda no ha dejado de llenarse y ha tenido que señalar vistas para ocho meses después. «Aquí en Segovia hace falta un segundo Juzgado de lo Social y entonces se podrá generar la respuesta que merece esta jurisdicción, que es muy cotidiana, muy del día a día…. El ciudadano se merece una respuesta rápida, no una respuesta a un año como hemos tenido», había apuntado la magistrada Otero.

Su reivindicación ha sido apoyada desde todos los ámbitos. Antes de que llegara el refuerzo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, advirtió de una disfunción «estructural, no coyuntural» que podía desembocar en un colapso absoluto por las consecuencias de la pandemia. En su última memoria, ya con el refuerzo el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Ignacio Pando, remarcó que «el Juzgado [de lo Social de Segovia] actual mantiene una carga que supera en mucho el módulo de entrada, y de mantenerse en el tiempo impedirá a dicho órgano desarrollar su función de manera adecuada».

Sobre esa situación, también alertó recientemente la nueva jueza decana de Segovia. «actualmente cuenta con un refuerzo compuesto por una juez de adscripción territorial en titular, una letrada de la Administración de Justicia que compatibiliza los dos juzgados, el 1 y el de refuerzo, y una mini-plantilla. Este Juzgado es el que tiene ahora mismo, quizás, una mayor  pendencia por el volumen de asuntos que ingresan y es inabarcable, por mucho esfuerzo que realizan las dos titulares», concluyó.