La inversión en el tren de alta velocidad es diez veces superior a la que recibe el ferrocarril convencional, que a pesar de no formar parte de los planes de las nuevas obras de construcción, cuenta en Castilla y León con una extensa red por la que circulan servicios de media y larga distancia en la denominada España vaciada, especialmente, en las comunicaciones con la cornisa cantábrica y atlántica, Madrid y Barcelona.

El ferrocarril convencional es la ‘hermana pobre’ respecto al AVE, tal y como refleja el informe al que tuvo acceso Ical que acaba de elaborar la Intervención General del Estado y que examina la inversión territorializada de los ministerios, sus organismos autónomos, empresas públicas, entidades y fundaciones durante el primer semestre de 2019, ejercicio en el que el Gobierno gestionó la prórroga presupuestaria de las cuentas de 2018.

Los datos muestran que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) Alta Velocidad dedicó al AVE y sus sistemas asociados 144,9 millones de euros en seis meses, frente a los 14,6 millones que la empresa pública gestionó en inversiones para el tren convencional. Esto supone diez veces menos, de forma que cada día el AVE recibió casi 800.000 euros en Castilla y León, mientras que la media y larga distancia se quedó con 80.000.

Las diferencias en la inversión entre el AVE y el ferrocarril convencional contrastan en un ejercicio en el que Adif afronta el fin de los trabajos y las pruebas de los trazados de alta velocidad entre Zamora y Pedralba de la Pradería, de la Línea del AVE Madrid-Galicia, así como las obras todavía pendientes en la Variante de Pajares, entre León y Asturias, y del corredor Venta de Baños (Palencia)-Burgos. La Intervención precisó que la prórroga solo permite disponer del crédito total o la inversión inicial, no de la correspondiente distribución geográfica.

Las inversiones en materia de infraestructuras ferroviarias se completan con las actuaciones de Renfe. La operadora, que en unos meses tendrá que hacer frente a la llegada de otros competidores en las líneas con mayor interés comercial, alcanzó unas inversiones en la Comunidad de 3,98 millones en los primeros seis meses de 2019. Esta cantidad es ligeramente inferior a la cantidad que la Intervención General del Estado contabilizó en 2018, cuando la sociedad alcanzó un total de 5,46 millones en Castilla y León.

El balance presupuestario de la inversión territorializada del Sector Público Estatal muestra un descenso en el primer semestre de 2019, último dato disponible. De hecho, los recursos reservados para la alta velocidad cayeron un 13,7 por ciento al pasar de 167 a 144,9 millones. Todo indica que en los próximos años, una vez concluyan las grandes obras en los corredores en fase de construcción, el AVE perderá peso en las cuentas estatales.

Ranking inversor

De momento, los trabajos y las inversiones proyectadas, incluidas algunas obras en estaciones, han empujado a Castilla y León hacia la primera posición en inversión del Estado. En concreto, la suma total de los diferentes organismos eleva la partida de la Comunidad a 338,2 millones en el primer semestre, ligeramente por delante de Madrid, que se quedó con 333 millones. Por lo tanto, la Comunidad fue el destino del diez por ciento de las inversiones reales del Estado.

Junto a Castilla y León y Madrid se sitúa en los primeros puestos del ranking inversor Galicia, con 288 millones; Cataluña, con 287 millones y Andalucía, con 254 millones. No obstante, la partida no distribuida entre comunidades alcanza los 678 millones. En los últimos puestos figuran La Rioja (8,5 millones) y la Comunidad Foral de Navarra (19,3 millones), junto a Ceuta (4,3 millones) y Melilla (5,1 millones).

Finalmente, la Intervención General del Estado disecciona las inversiones reales según su origen. Por tanto, de los 338 millones de Castilla y León, el mayor volumen de recursos, 196,2 millones procedieron de los presupuestos de empresas públicas y fundaciones, seguida por la Administración, con 124,3 millones. Los organismos autónomos aportaron a la Comunidad en este capítulo 17,13 millones y las entidades se sector público administrativo, menos de medio millón (479.813 euros).