Las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial continúan y en el Partido Popular esperan que el acuerdo llegue "pronto" y que el pacto visibilice dos cosas: que éste es último reparto de vocales con el actual sistema y que en la elección se han aplicado ya criterios de despolitización.

El partido de Alberto Núñez Feijóo apuntaba este martes a que faltaba por cerrar una "cosa" en el documento de requisitos de idoneidad que la formación exige para elegir vocales que no provengan de cargos políticos y este miércoles fuentes populares apuntan a que el pacto llegará "pronto". La sensación en el PP es que es cuestión de días.

O sale ya o no sale, señalaron ayer fuentes cercanas a Feijóo, una sintonía que repiten distintos responsables del PP, que son conscientes de la necesidad de acabar con un bloqueo que les impide concentrar su labor de oposición en asuntos que consideran más prioritarios, como la economía.

El PP ha tomado nota además del tono empleado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado, porque lejos de romper el diálogo optó por no entrar en el cuerpo a cuerpo con Feijóo y confió en que fructifique el acuerdo judicial.

El número tres del PP, Elías Bendodo, ha señalado en declaraciones a Cuatro que confía en un pacto "más pronto que tarde" y ha recalcado que las negociaciones "se están intensificando" y están "avanzando".

En la dirección nacional del PP insisten en abogar por ser discretos para no obstaculizar el diálogo entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. Y ante la posibilidad que deslizan algunos medios de que el PP ceda un vocal al CGPJ varias fuentes dicen no tener información, sin cerrar la puerta a este escenario.

Acerca de los nombres de los nuevos vocales, en el PP subrayan que antes que personas concretas lo que están debatiendo son criterios de idoneidad, no vetos, y se remiten a la propuesta que enviaron al Gobierno el pasado mes de julio.

En este texto el PP pedía no incluir en el cupo de juristas a integrantes de la carrera judicial en ejercicio y que no sean vocales quienes hayan tenido cargos en política en los cinco años anteriores, lo que excluiría a la actual delegada del Gobierno de Violencia de Género, Victoria Rosell, y al juez de Ricardo de Prada, a quienes vetó Pablo Casado.

Casi cuatro años después de que caducase el mandato constitucional del actual CGPJ, el PP exige además un compromiso para cambiar el sistema y en la búsqueda de este acuerdo fuentes populares ponen el acento en que ésta es una cuestión de Estado, la única que el Gobierno está dispuesta a pactar con esta formación porque sus votos son imprescindibles.