Ambas partes han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales durante la vista oral que se ha celebrado en la mañana de este martes. Inicialmente iba a tener lugar el pasado 5 de noviembre, pero entonces se suspendió a petición de la defensa para solicitar nueva documentación. Esta ha servido de base a su abogado para solicitar que se declarara la nulidad de las actuaciones y el procedimiento regresara a la fase de instrucción. Una petición que ha contado con el apoyo de la Fiscalía pero que ha sido rechazada por los magistrados de la Audiencia Provincial de Segovia.

La Fiscalía Provincial considera probado que el acusado cometió un delito continuado de apropiación indebida y administración desleal, entre 2014 y 2016, por haber desviado fondos de la empresa que compartía con su expareja "abusando de sus facultades como administrador solidario". La empresa había llegadi a tener más de un millón de euros de beneficio, pero quedó despatrimonializada y experimentó, según el Ministerio Público, una reducción injustificada de sus saldos bancarios de 350.963,18 euros. La socia y denunciante sufrió presuntamente un perjuicio de 157.933,61 euros, la cantidad que reclama como indemnización.

La defensa del acusado ha tratado de demostrar que la denunciante carecía de legitimidad para formar parte de la comunidad de bienes porque no realizó las aportaciones de dinero necesarias. El juicio ha quedado visto para sentencia.