La localidad de Garcillán, con cerca de 500 habitantes, a 15 kilómetros de la capital, vive momentos de inquietud tras el regreso a su domicilio en el municipio de un hombre condenado a 181 años de cárcel por 16 delitos sexuales, que ya ha cumplido el máximo de condena, fijado en 32 años, y se encuentra en libertad.
Aunque la mayoría de los vecinos no quiere hacer comentarios a la situación que están viviendo –«esto es tabú en el pueblo», reconoce uno de ellos–, el alcalde, Javier Gómez (PP), sostiene que «el miedo es libre», a la vez que reconoce que se va recuperando lentamente la normalidad, mientras se aprecia un aumento de presencia de patrullas de la Guardia Civil, pese a que oficialmente desde la Subdelegación del Gobierno no se reconoce que haya medidas especiales porque no existen medidas cautelares que afecten al recién liberado.
Denonimado en las secciones de sucesos de los medios de entonces como el 'Violador de fin de semana', porque permanecía en su pueblo de lunes a viernes, pero acudía a Madrid, sábado y domingo, donde cometió 16 delitos sexuales, entre enero y septiembre de 1987, la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a un total de 181 años de prisión. Ahora con 62 años, censado en Garcillán, vive solo en la casa familiar, ya que en el municipio no le quedan descendientes. Acude con normalidad a comprar el pan o alimentos y, en ocasiones, toma el autobús para acercarse a Segovia. Aunque nadie le conocía porque han pasado varias generaciones de vecinos, incluso, desde hace 15 años, el municipio ha crecido en 250 habitantes más, que no habían conocido esta situación, después de ocho días ya va siendo más conocido.
Según el alcalde, la situación «se va tranquilizando, los vecinos saben lo que hay, le han puesto cara, han visto que es una persona con 62 años y lo está asumiendo, por nuestra parte tampoco podemos hacer nada, es una persona libre, solo confiar en que se haya rehabilitado».
Javier Gómez reconoce que se han vivido momentos de preocupación, incluso algunos padres, le transmitieron que habían restringido las salida a sus hijas más jóvenes. A juicio del alcalde, «los padres tienen miedo, él no tiene otro sitio donde establecerse, por mucho que nos pueda desagradar tener cerca a una persona que ha sido delincuente sexual tenemos que asumirlo porque la ley es la ley». No obstante pidió a los puestos de Guardia Civil próximos que incrementaran sus patrullas, si se encontraban cerca.