Seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esa es la condena pronunciada contra Cristina Fernández, actual vicepresidenta de Argentina y la política más influyente del país en las últimas décadas. Una sentencia que aún debe ser confirmada en marzo, pero que ya ha dejado dos significativos detalles: el paso a un lado dado por la propia Fernández, que desveló que dejará la política el próximo año, y la escasa repercusión que esta pena tuvo entre una población argentina que sí se movilizó el pasado verano cuando la Fiscalía pidió 12 años de prisión para la mandataria.

«No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna papeleta», sostuvo Cristina nada más conocerse la sentencia, en la que se le halló culpable del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, aunque fue absuelta de los cargos de asociación ilícita. Una declaración de intenciones de la que muchos dudan. Más aún después de que hace apenas un mes dejase la puerta abierta a postularse en próximo año a un tercer mandato: ante los gritos de «Cristina presidenta» de un volcado público en el acto del Día de la Militancia peronista, la aludida citó al histórico Juan Domingo Perón para subrayar que «como decía el general, todo en su medida y armoniosamente».

La sentencia del caso Vialidad es, sin duda, el mayor jaque político a la expresidenta y al kirchnerismo iniciado por su marido, el fallecido Néstor Kirchner -quien murió en 2010 investigado por posibles casos de corrupción-. Pero también es un severo cerco judicial a la mandataria, que fue procesada por primera vez en 2016 -apenas unos meses después de dejar la Presidencia a Mauricio Macri- y que, desde entonces, denuncia que hay una «persecución» en su contra por parte de los jueces. «Lo único que les falta es acusarme de la muerte de Kennedy», aseguró entonces. 

«Presa o muerta»

Reiteradamente, Fernández ha negado las numerosas acusaciones en su contra -malversación de fondos públicos, abuso de poder o blanqueo de capitales, entre otras- y ha asegurado que todas responden a un «asedio judicial» impulsado por el que fuera su sucesor en el poder, el expresidente Mauricio Macri, y empresarios y medios de comunicación contrarios a su tendencia política. 

«Esto es un Estado paralelo y mafia judicial», apuntó tras conocer esta nueva sentencia. «Quieren verme presa o muerta», sentenció, en referencia al intento de asesinato que sufrió el pasado septiembre.

De momento, y a la espera de que los jueces ratifiquen la condena el próximo 9 de marzo, tras lo que la vicepresidenta podrá apelar el fallo, Argentina vive entre la sorpresa y la incredulidad por el anuncio de que Fernández no se presentará a las elecciones de octubre de 2023, pese a que muchos apuntaban a que Cristina intentaría conseguir su tercer mandato, ante la continua caída de popularidad de su jefe de filas, el presidente Alberto Fernández, cuya postulación para una reelección es incierta. Por eso la candidatura de la vicepresidenta se antojaba una apuesta prácticamente segura para un peronismo que teme perder el poder.

Por eso, los analistas piden no tomar al pie de la letra el paso a un lado de la dirigente. Es más, incluso sin intentar recuperar la Casa Rosada, la creciente presión judicial -no se descarta que se abran nuevos procesos en su contra que ya habían sido cerrados- deja en el aire la posibilidad de que intente concurrir en los comicios para hacerse con un escaño como senadora y, así, mantener su inmunidad. Aunque ella lo niega: insiste en que el 10 de diciembre de 2023, cuando jure el nuevo Gobierno, ella volverá a casa. Al menos, esa es su intención ahora...