Posiblemente gracias a la moción rectificada del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Valladolid, que preside el alcalde Óscar Puente,  donde inicialmente aspiraba a interferir en servicios ferroviarios de alta velocidad que también repercutían en Segovia, aunque todo quedó en mero intento, se han impulsado las reivindicaciones vinculadas con mejoras en horarios de Renfe, así como de instalaciones en la estación y de comunicaciones con la ciudad. No hay mal que por bien no vega diría el refrán ya que, nada más anunciarse las pretensiones del consistorio vallisoletano, se creó un grupo de wasap de usuarios al que, en unos minutos, se unieron 250 personas.  
Partiendo de que todo reivindicación no se debe de hacer por a demanda, sino pensando en el bien colectivo, posiblemente todas tienen su justificación, pero hay que contemplar que el objetivo no son solo quienes se tienen que desplazar a Madrid por razones de estudio o trabajo, que posiblemente deban contar con medidas especiales, como convenios para reducción de abonos, sino que hay que pensar en otros miles que también emplean ese medio, tanto por ocio, como por trabajo o consultas médicas, y en el trayecto desde la capital madrileña a Segovia, empleado tanto por el turismo cultural y gastronómico, como por el de negocios y congresos.
Cuando están a punto de cumplirse doce años de la inauguración de la línea Madrid-Segovia-Valladolid por el entonces presidente Rodríguez Zapatero, nunca es tarde para que los representantes de las instituciones vayan unidos y traten de presionar las administraciones para buscar mejoras necesarias, también en cuestión de infraestructuras. En este tiempo ha habido gobiernos de diferentes colores y, paradójicamente, hay políticos que aparecen ahora en primera fila de la manifestación, sin que se solucionara nada durante el Gobierno de su partido, incluso se arrogan haber logrado el actual trazado por Segovia, aunque miran al cielo cuando se habla de la estación ubicada en un erial, y otros que, por pertenecer al partido que manda, no han tenido fuerza para presionar, quizá porque no fueran a salir en la foto.
Lo que también resulta paradójico es que ahora nos encontremos con que el Ayuntamiento va a modificar el contrato con la adjudicataria del servicio de autobuses urbanos, Avanza, con un costo de 166.000 euros al año más, que sumado a lo previsto se coloca en un pago de 4,7 millones anuales, que afecta a siete de las trece líneas.  No parece muy de recibo que, siendo el mismo gobierno y la concesionaria, al menos participando en la sociedad,  después de casi tres años de retraso, el pliego de condiciones no contemplara aspectos que aparecen ahora, a los ocho meses. Podrá ser legal, pero no parece normal, tanto cambio sin prever. 
Gran parte del nuevo coste se debe a la mejora de las frecuencias, dejándolas fijas de 20 y 15 minutos, los días laborables, de las líneas a la estación ‘Guiomar’, 11 y 12, manteniéndose las dos,  porque no se ha podido coordinar con Renfe los horarios, cambiantes en determinadas épocas del año. Incapacidad que cuesta un pastón.