"La reordenación del proceso penal con asignación de la investigación al fiscal ha de asumirse más allá de refriegas partidistas, como auténtica cuestión de Estado, presidida por la generosidad y el consenso". Quien afirmaba esto era la fiscal general del Estado nombrada por el Gobierno de Mariano Rajoy hace más de cuatro años. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, cumplió también con la tradición de afirmar que se modificara nuevamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que sean los fiscales quienes se hagan cargo de la investigación de los delitos y es muy probable que la candidata del Ejecutivo para ocupar el cargo de fiscal general, Dolores Delgado, también incida en ese aspecto con el que se trata de agilizar la acción de la justicia.

No tendría que suponer mayor problema entre los dos principales partidos, PSOE y PP si verdaderamente tuvieran voluntad política de desarrollar ese cambio dado que todas las asociaciones de fiscales, conservadoras y progresistas, están de acuerdo en aplicar esa medida y se trata de una forma de instruir los casos que es la habitual en la mayoría de los países de nuestro entorno.

Este desiderátum deseable se quedará de nuevo como una asignatura pendiente que volverá a olvidarse en cuanto que pase la fase de las buenas intenciones, por los problemas técnicos, económicos, de organización de la oficina del ministerio público, entre otros,  que supone el cambio previsto. 

A las dificultades propias del cambio se añade en esta ocasión una más, derivada del próximo nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado una vez que el próximo jueves pase su examen en la Comisión de Justicia del Congreso, en lo que se prevé un momento de tensión entre gobierno y oposición, que no está dispuesta “a que sea el Gobierno, la señora Delgado, quien instruirá los procedimientos; el mayor atentado a la independencia judicial que podríamos imaginar", como denunció el portavoz popular, Luis Santamaría,

En esta ocasión el líder del PP no solo no ha ofrecido al presidente del Gobierno un pacto por la Justicia en su reunión de la Moncloa, a pesar del poco prestigio del que gozan los jueces, entre otros motivos porque España tiene uno de los porcentajes más bajos en relación a la población de los países europeos y su financiación siempre se queda corta. Por el contrario se limita a bloquear la renovación del PP. 

Juan Carlos Campo no quiso adelantar cuál será el sentido de la reforma del Código Penal pero se ha comprometido a mantener un amplio debate con todos los partidos que resulta sumamente necesario porque está condicionado  por la situación en Cataluña y los pactos que puedan afectarla a medio camino entre las promesas incumplidas de Pedro Sánchez y las exigencias de aliviar las penas de los condenados por sedición,

Todas las explicaciones del ministro más mediáticas ocultaron, sin embargo, algunas que sí afectan directamente a los ciudadanos, como la implantación  de ‘sentencias testigo’ que sirvan para todos los casos para extender los efectos de una sentencia en asuntos civiles y mercantiles..