La Guardia Civil de Segovia ha investigado a tres personas como presuntas autoras de un supuesto delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo en Cuéllar. Allí localizó unas construcciones de reciente edificación que presentaban un aspecto y uso que podrían no ser compatibles con la clasificación de suelo rústico de la parcela donde se habían ejecutado.

Por dicho motivo, el Instituto Armado solicitó información al Ayuntamiento de la villa y al Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León. En ambas consultas se constató que las obras de reciente construcción carecían de licencia, eran incompatibles con las normas urbanísticas municipales y, por tanto, no podían ser autorizadas. También se comprobó que la Alcaldía de Cuéllar había decretado la paralización de los usos del suelo que se estaban promoviendo. Los componentes del Seprona contaron para estas actuaciones con la colaboración de la Policía Local de Cuéllar y el Registro de la Propiedad de esta localidad.

A la vista de los resultados de las gestiones efectuadas, se procedió a la investigación de los dos promotores de las obras, a los que se les atribuye la comisión de un supuesto delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, así como otro delito de desobediencia, al no haber acatado la orden de paralización de las obras, puesto que ya estaban terminadas. Igualmente, se investigó al constructor de las mismas como supuesto autor de un delito urbanístico.

Estas actuaciones se enmarcan dentro la misión específica asignada al Servicio de Protección de la Naturaleza, de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales referentes a la ordenación del territorio. En el mismo periodo anual, los agentes de esta especialidad de la Guardia Civil formularon 50 denuncias en la provincia de Segovia, motivadas por distintas infracciones administrativas en materia urbanística. En estos casos la irregularidad más habitual es la ejecución de construcciones sin contar con la correspondiente licencia municipal (de obra).

Con estas tres personas, durante este año 2022 asciende a seis el número de investigados por el Seprona de la provincia de Segovia por su participación en la comisión de delitos contra la ordenación del territorio. La conducta habitual en este tipo de hechos es la ejecución de construcciones no autorizables en terrenos clasificados como rústicos.

La Guardia Civil recuerda que hay diferentes usos urbanísticos que están prohibidos por la legislación vigente para el suelo rústico. Especialmente restringidas están las edificaciones con un uso recreativo o residencial, las cuales solamente podrán ser autorizadas tras la tramitación del oportuno expediente administrativo y prácticamente solo se pueden legalizar cuando amparen viviendas vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales. Igualmente hay que resaltar que se deben de cumplir las licencias urbanísticas otorgadas para la construcción de cuadras o de almacenes de guarda de aperos en terrenos rústicos y no modificar su uso, convirtiéndolas en merenderos o inmuebles de uso recreativo (ocio y tiempo libre privado), habiéndose detectado en algunos casos incluso la instalación de piscinas junto a este tipo de inmuebles.

Para estas conductas el Código Penal prevé penas de hasta cuatro años de prisión, multa de 12 a 24 meses, que incluso pueden llegar al triple del beneficio obtenido, así como inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a cuatro años, señalando como responsables a los promotores, constructores o técnicos directores de las obras ilegales. Accesoriamente, los jueces y tribunales pueden ordenar la demolición de la obra a cargo del autor del hecho.