Un año después de que el Tribunal Supremo diera por cumplida la condena de 11 años por inhabilitación al exjuez Baltasar Garzón, el antiguo magistrado estrella vuelve a la carga con un libro político, Los disfraces del fascismo (Planeta).

El artífice de algunas de las operaciones más mediáticas en los años 1990 y 2000 revela en su nuevo ejemplar los peligros de esta conocida ideología. Sin pelos en la lengua, Garzón repasa las características de un movimiento que vuelve a estar en auge en la Vieja Europa.

¿Qué es el fascismo? ¿Qué diferencias hay entre aquel movimiento primigenio de la Italia del Duce o de la Alemania nazi con el actual?

Prefiero no definir el fascismo porque ya hay definiciones muy elaboradas y acertadas. Lo que hago es enumerar cuáles son las características del mismo. Es una ideología que se basa en el supremacismo, que rompe con el concepto de Derechos Humanos, que propugna la sumisión extrema al líder y la lealtad al mismo, es una ideología que necesita tener un enemigo común, que normalmente es un colectivo vulnerable, que se nutre de la desconfianza y del miedo frente al enemigo externo, que expande el terror en la población -tanto a los enemigos como a los amigos-, y que se caracteriza por la falta de consistencia de sus ideas.

¿Los fascismos actuales o los disfrazados, como usted señala, son tan peligrosos como los de antaño?

Se van acomodando. El fascismo se caracteriza porque se metamorfosea, es camaleónico y va adoptando nuevas formas. Pero hay una característica nueva que no existía en el fascismo clásico y es el uso de la violencia. Los partidos de extrema derecha que participan de un populismo avanzado que degenera en fascismo han descubierto que en la sociedad actual, salvo en contadas ocasiones, la violencia no es un activo. La gente no se muestra favorable en el desarrollo de esa ideología si hay violencia; en consecuencia esa violencia se margina o se deja que otros -ya sea mecanismos antisistema o ecofascismo, o incluso algún grupo de izquierdas- sean los que la ejerzan. Se trata de una sutil aceptación o defensa de la misma. Esa sí que es una característica nueva, disfrazar el criterio de violencia de esta manera, lo cual no significa que se renuncie a ella.

La violencia no es un activo para los partidos de extrema derecha"

Los partidos de ultraderecha se están haciendo fuertes en muchos países y parlamentos europeos como Hungría, Polonia, Francia, España... ¿Qué es mejor, mantener un cordón sanitario hacia estas formaciones como hace Francia o Alemania o permitir que entren en las instituciones?

Ese es un gran dilema que se nos plantea: tenerlos dentro o expulsarlos porque pueden derivar del populismo al fascismo y dinamitar el propio sistema democrático.

Si España acepta este tipo de grupos tiene que establecer unas líneas rojas en las que bajo ningún concepto se pueda atacar en lo mínimo a derechos consolidados de la ciudadanía. Sería un retroceso y una grave responsabilidad por parte de los partidos tradicionales. Las conquistas en democracia no se pueden perder porque de lo contrario sería el camino abierto hacia el fascismo.

Pero, esos partidos que usted cita son formaciones legalizadas.

Por eso habría que diferenciar entre populismo y fascismo. El populismo es una ideología que divide el mundo entre pueblos buenos y gente perversa, mientras que el fascismo es aquella formación que da un paso más y abandona el camino del populismo para avanzar hacia una deriva antidemocrática, es cuando no se respeta las reglas democráticas y cuando se desvía de las normas de la Constitución.

Si en algún momento se ven esos ataques a esos derechos consolidados habría que tomar decisiones drásticas porque ya se habría pasado la línea de aceptación de ese grupo.

Las conquistas en democracia no se pueden perder porque sería la vía al fascismo"

Y, ¿dónde se encuentra exactamente España?

Estamos en ese punto de inflexión. Hay elementos que nos hacen pensar que ya se ha rebasado ese populismo y estamos de lleno en el fascismo. 

¿Le han saltado las alarmas en ese sentido hacia algún partido que pudiera estar yendo a la deriva, tanto en el espectro de la derecha como de la izquierda?

Me han saltado y me saltan todo lo referente al partido Vox, que es una formación con una clara tendencia de una ideología populista, de extrema derecha, que está pisando ya el terreno del neofascismo. Y distingo muy bien los populismos de cualquier otro signo que respetan los límites de la Constitución y que pueden ofrecer alternativas dentro del respeto a la legalidad.

Usted se detiene en detalle en el libro en la etapa franquista. ¿Hasta qué punto y en qué grado considera que deben reavivarse esos momentos históricos?

Creo que no hay que dejar de lado algo que no está resuelto en nuestra sociedad en el momento en que ha habido una impunidad y una defensa de la impunidad bastante clara desde el punto de vista de la Justicia. El caso es que hay víctimas vivas y víctimas que necesitan ese reconocimiento y no han oído nunca desde la Justicia ese plácet, que no tiene que ser una sanción penal frente de a quienes pudieran todavía estar vivos, sino que está la Justicia restaurativa, por ejemplo. A nosotros en España lo que nos falta es un reconocimiento profundo y dejar ya de este blanqueamiento sistemático de lo que fue una dictadura y una ideología fascista. Tenemos que hacer ese acto y avanzar porque solo a partir de ese momento podremos superar esa dinámica y analizarlo como un hecho histórico. En el tema del nacionalismo pasa lo mismo. Somos un país diverso y plural y no podemos imponer un criterio a otros. Tenemos que encontrar la fórmula. 

Hay que dejar de blanquear lo que fue una dictadura y una ideología fascista"

¿Por qué estima que la aplicación del derecho debe realizarse desde una óptica progresista y no conservadora?

La interpretación del derecho ante los desafíos que tiene la sociedad no puede ser una visión retrógrada o conservadora porque es imposible atender a esos nuevos desafíos que ni siquiera estaban planteados en ese momento. 

Al margen de la ideología personal de cada cual, la lectura de la ley no puede ser con recetas de hace 50 años, sino atendiendo a las necesidades actuales, de los grupos vulnerables y de la realidad social que vivimos. Por ejemplo hay determinados aspectos de los derechos de la mujer que no están asumidos y para mí eso es inaceptable en una sociedad del siglo XXI.

¿Está politizada la Justicia en nuestro país?

La mayoría de los jueces y fiscales hacen su trabajo y lo hacen bien, pero conforme se asciende hacia la cúpula judicial hay una mayor presencia de elementos que pueden distorsionar en casos paradigmáticos y que están en la mente de todos.

Los jueces corren el riesgo de participar con decisiones que varíen el curso político de los acontecimientos. Hay que tener mucha prudencia y cuidado con eso. La instrumentalización del derecho en las confrontaciones políticas. En España se instrumentaliza la Justicia y la Justicia se deja instrumentalizar.

Vox es una formación de clara tendencia populista que está pisando ya el neofascismo"

¿Se refiere a la sentencia del procès?

Desde el punto de vista jurídico la interpretación de los tipos penales de la rebelión y sedición fueron sobradamente estudiados, podría haber otros tipos penales que no suponían el alzamiento, tal y como lo describe el Tribunal Supremo.

Es una sentencia que hay que aceptarla, lo que no quiere decir que se participe de ella. 

¿Son los magistrados los que deberían elegir al poder judicial o debe ser el Parlamento, el poder legislativo y en consecuencia los políticos los que le elijan?

Si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fuese un órgano estrictamente corporativo, es decir, que solo tuviera competencias para ese tipo de temas como ascensos, cambios, sueldos, logística y demás, se podría debatir. Pero el CGPJ tiene muchas competencias y sobre todo participa de la política criminal de este país y además con una incidencia establecida por ley. El órgano de Gobierno de los jueces nos afecta a todos los ciudadanos, por tanto, no tienen ningún derecho los jueces a gobernarse a sí mismos. 

El fallo del procès hay que aceptarlo, lo que no quiere decir que se participe de él"

El Supremo le condenó en 2012 a 11 años de inhabilitación, ¿va a pedir su restitución?

He solicitado al Gobierno que cumpla el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es decir, una reparación personal y moral. A mí, y según ese dictamen vinculante, arbitrariamente se me sustrajo de la realización de la Justicia donde la estaba realizando en ese momento. Espero esa reparación.