Cataluña, y por extensión, el resto de España, viven días históricos con mucha más frecuencia de la deseada. Los últimos, con motivo de la condena de los líderes políticos del procés que ha derivado en violentas concentraciones por las calles de ciudades como Barcelona alentadas y reprimidas, al mismo tiempo, por la misma persona, el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Pedro Sánchez citó ayer de urgencia a los tres líderes de los principales partidos de la oposición -Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias-, a los que trasladó que el Ejecutivo no descarta ningún escenario en una situación cada vez más fuera de control con cabecillas como Torra o el fugado Puigdemont que aventuran que nada o casi nada puede acabar bien.
Porque cuesta entender que Torra haya sido y siga siendo el responsable de garantizar la seguridad en Cataluña, participando al mismo tiempo en el sabotaje, ayer, por ejemplo, tomando parte en una marcha que cortó una autovía, mientras sigue sin condenar aún los actos vandálicos de grupos violentos que pretenden romper la convivencia en Cataluña. Agitador al amanecer, policía al irse a dormir. Sainete en estado puro cuando, además, se insiste en vender un movimiento independentista pacífico. Habrá que ver en qué medida va a afectar al soberanismo y, especialmente, a su credibilidad, las imágenes de calles y negocios ardiendo ante ese idílico movimiento que se había vendido de gente de paz y de sonrisas.
En un conflicto como este la solución no se encuentra en las cargas policiales pero parece una de las pocas soluciones que quedan cuando se secuestran aeropuertos, se interrumpen trenes, se cortan carreteras o se queman contenedores. De hecho, es de agradecer la profesionalidad demostrada por los otrora timoratos Mossos d’Esquadra en su trabajo para mantener la ley en una situación de crisis que deja a las claras el fracaso mayúsculo del procés en su lucha por imponer una independencia a las bravas que queda en evidencia estos días bajo la amenaza de que se volverá a hacer, a delinquir, y a levantarse contra el Estado para tratar de imponer la voluntad separatista al resto del país.
Lo que cada vez parece más claro es la estrategia coordinada de sembrar el caos a través de un opaco tsunami democrático que ha convertido a Cataluña en casi el único foco informativo en España, con unos disturbios que perjudican a la población de una comunidad autónoma sometida a la tensión de un proceso sobre el que los jueces ya han hablado y que requiere ahora respuestas contundentes con la Constitución y la ley como garantes, más allá de reclamos electoralistas y oportunismos políticos.