El líder regional del PSOE, Luis Tudanca, culpó ayer a la Consejería de Empleo e Industria y a la Junta de Castilla y León de 32 millones de euros parados en programas de empleo local con la estampa del Diálogo Social que siguen sin convocarse. Planes que, según el socialista, supondrían la creación de entre 3.500 y 4.000 puestos de trabajo en colectivos como mayores de 55 años, personas con discapacidad y menores de 35. Así lo puso de manifiesto tras reunirse con los dirigentes de las centrales sindicales y una representación de alcaldes y concejales socialistas en la Comunidad para abordar la situación actual del Diálogo Social en los ayuntamientos. De hecho, tanto UGT como CCOO pidieron a los consistorios y las diputaciones de Castilla y León que hagan planes de fomento del empleo propios «sin esperar» a la Junta ante el «incumplimiento de los acuerdos del Diálogo Social».
«Los ataques y el deterioro que se está consumando por parte de la extrema derecha atentan contra una de las mejores cosas que construimos juntos», expuso Tudanca, en un momento en el que alabó el papel del anterior presidente regional, Juan Vicente Herrera, pero que contó con la colaboración «leal de sindicatos, trabajadores y oposición». «Es necesario defender el papel esencial de los representantes de los empresarios y sindicatos en la construcción de la Comunidad y en buena parte de sus avances», verbalizó el socialista, que sostuvo que el Diálogo Social es un «principio fundamental» del Estatuto, algo que «no tiene nada que ver con subvenciones», sino que son programas que «mejoran la vida de las personas».
Desde la bancada sindical, el líder de CCOO en la Comunidad, Vicente Andrés, comprendió los «lamentos» de los alcaldes en la reunión de ayer por la ausencia de la convocatoria de los acuerdos autonómicos, ya firmados con la Junta para el plan de empleo local y que están aún sin publicar. «Contaban con ello, porque están aprobando sus presupuestos, pero no pueden hacerlo porque la convocatoria de la Junta no sale», alertó antes de criticar que con los 10.000 empleos que estima el plan «estaríamos mejor». «No sé si se juega a eso ahora, porque se viene a destruir lo construido y en Castilla y León somos un piso piloto», resaltó en referencia al gobierno de coalición.
Por su parte, su homólogo en la UGT, Faustino Temprano, señaló que la falta de convocatoria de los acuerdos por parte de la Junta «no es problema de dinero, porque ya está presupuestado para 2022, sino un problema de ejecución». «Se trata de una anomalía de que con un dinero presupuestado hasta ahora no han salido las convocatorias», explicó el sindicalista, que reclamó una norma para que los ayuntamientos puedan sacar sus propios planes de empleo sin esperar a la Junta y ensalzó el papel del Sepe, que ha resuelto «algo que no ha hecho la Junta».
Por último, Andrés deseó que reunión del lunes del Consejo del Diálogo Social «pudiera ir tan bien como ha ido la de hoy» con el PSOE, algo que puso en duda ante la visita de «invitados, precisamente no de piedra», sobre el vicepresidente, Juan García-Gallardo. «Estaremos con un doble planteamiento: a ver si salimos unificados o lo hacemos como entramos y puede que la paz social en Castilla y León esté tocando a su fin. Sería una pena que todo lo que ha costado tanto construir ahora se pueda acabar», lamentó.
UGT culpa a Veganzones de modificar las ayudas por ERTE
La Unión General de Trabajadores acusó ayer al consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, de «modificar» la convocatoria de ayudas a los trabajadores afectados por ERTE en Castilla y León, y de «saltarse» todos las fases de negociación y concertación, empezando por «los acuerdos firmados en noviembre» con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. «Ha ninguneado una firma del Consejo del Diálogo Social», sentenció en declaraciones a Ical el secretario de Acción Sindical de UGT, Raúl Santa Eufemia. La publicación ayer en el Bocyl de esta convocatoria se produce a tan solo cuatro días de la celebración del Consejo del modelo de concertación y con el debate abierto por la presencia en el mismo del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, invitado por el presidente al no ser miembro nato del mismo. Un hecho, este último, al que el portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, restó importancia y lo enmarcó «en la normalidad y en la legitimidad de cada una de las tres partes».