Modernizar, renovar y mejorar los casi 11.500 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica durante la próxima década mediante actuaciones de mantenimiento y conservación y bajo el paraguas de un nuevo plan autonómico de carreteras 2023-2034. Este es el reto que ayer se marcó la nueva Consejería de Movilidad y Transformación Digital comandada por María González Corral, que anunció que se invertirán más de 70 millones en los tramos viales durante la legislatura. Unas actuaciones que la consejera dividió entre las 200 en materia de modernización sobre 2.300 kilómetros y más de 800 obras de refuerzo en 8.800 kilómetros. Entre estas confirmó la inclusión del desdoblamiento Carretera CL-601 entre Segovia y La Granja; de la CL-505, en el tramo más cercano a la capital abulense; o dos nuevas carreteras que se rediseñarán con el sistema '2+1' en la CL-510 entre Salamanca y Alba de Tormes y la CL-629, al norte de la provincia de Burgos, en el tramo más cercano al País Vasco. En cuanto a nuevos tramos de carretera, mencionó la conexión entre la N-623 y la CL-629, en Burgos, que evitará circular por el actual desfiladero de Peñahorada; el cierre de la Ronda de Aranda de Duero, en el tramo de conexión de la BU-950 con la N-122, que dará continuidad hacia el sur a las carreteras BU-910 y BU-925 y que en el futuro conectará con la A-11; y la conexión de la SO-920 con la A-11, en El Burgo de Osma, ya que supone el enlace más directo de un elevado número de poblaciones de la zona de Pinares con la nueva autovía estatal, evitando la travesía de la población.

La nueva consejera se comprometió a mantener una actitud «reivindicativa» con el Gobierno de España para que impulsen las infraestructuras que tiene «pendientes» en la Comunidad. Entre estas, mencionó la Autovía del Duero (A-11), la del Camino de Santiago (A-12); la de Navarra (A-15), la A-6-Ávila-Maqueda (A-40), la Valladolid-León (A-60), la Burgos-Aguilar (A-73) o la Ponferrada-Orense (A-76). En esta línea cargó contra el Ejecutivo central a la hora de analizar las actuaciones desarrolladas con los fondos del plan de recuperación. «Con ellos lamentablemente no podremos contar».

En materia de seguridad vial anunció que se contará con una línea específica dentro del nuevo Plan, con «especial atención» a las actuaciones que se requieran en puntos concretos de la red, así como otra específica de digitalización e innovación de la red de carreteras con actuaciones como la instrumentalización de las carreteras, con sensores, uso de los datos, digitalización, la monitorización y automatización de la red, para una gestión avanzada de las infraestructuras.

Transporte público.

La titular de Movilidad dio su palabra de que consolidará el modelo de transporte a la demanda en el nuevo marco concesional, que tendrá un papel «predominante frente al regular general convencional» y que ampliará su zonificación a la totalidad del territorio de la Comunidad. Para ello, dijo, está previsto que dé servicio a más de 1,7 millones de potenciales viajeros, frente a los cerca de 1,2 millones de potenciales usuarios que existen en la actualidad. Además, en esta legislatura tal y como comprometió el presidente de la Junta,AlfonsoFernández Mañueco, se pondrá en marcha el Bono Castilla y León Rural Joven, que permitirá viajar de forma gratuita en el resto del transporte interurbano de carácter rural a los jóvenes hasta 26 años. Igualmente avanzó que en esta legislatura se avanzará «un paso más» en esa bonificación tarifaria con el Bono Castilla y León 20, que permitirá viajes mensuales ilimitados con una tarifa plana mensual de 20 euros.

González Corral también expuso que se encuentra en tramitación el convenio con Renfe para los títulos de transporte multiviaje de Media Distancia-Alta Velocidad (Avant) y Media Distancia Convencional, que implicará una bonificación del 25% en el importe de los títulos viaje, con una aportación de la Junta en estos cuatro años de 9,6 millones, 2,4 anuales. En el ámbito del transporte de mercancías y logística, la Consejería impulsará una nueva estrategia logística 2022-2028, marcada por la nueva normativa europea y los fondos europeos, y que servirá para la organización del sector y la actualización del modelo vigente.

Banda ancha.

Por último, quiso ratificar la apuesta de la Junta para que el cien por cien de la población disponga de banda ancha de 30 megas en 2023, una medida para la que evidenció la necesidad de los fondos europeos para conectividad. De hecho, señaló que las comunidades únicamente cuentan con la posibilidad de «desplegar actuaciones muy concretas», con una asignación de 22 millones para Castilla y León en los fondos europeos.