La Comisión de Transparencia de Castilla y León, adscrita al Procurador del Común, recibió en lo que llevamos de año 2021, un total de 308 reclamaciones, por lo que se estima que este ejercicio se supere notablemente la cifra de 2020, que se situó en 329.

El presidente de la Comisión de Transparencia de Castilla y León, Tomás Quintana, entregó hoy la Memoria Anual correspondiente al año 2020 que se expondrá en la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común en las próximas semanas. La presidenta de la Comisión, Marta Gago, fue la encargada de su recepción. 

El órgano intensificó su labor de garantía del derecho de acceso a la información pública en poder de las administraciones, autonómica y local, y de otras entidades de carácter público. La Comisión de Transparencia de Castilla y León recibió en 2020 un total de 329 reclamaciones, cuatro más que en 2019. Del total de reclamaciones recibidas en el quinto año de funcionamiento, 238 tuvieron su origen en denegaciones de información solicitada a entidades locales (un 72 por ciento), de las cuales 190 correspondieron a ayuntamientos, 36 a entidades locales menores y 12 a diputaciones provinciales; 77 se presentaron frente a la Administración autonómica. 

Asimismo, en 243 de las reclamaciones planteadas, su causa era la ausencia de respuesta por parte de las administraciones a la petición de información realizada, habiendo pasado del 63 por ciento en 2019, al 74 por ciento en 2020. 

Las tres materias que dieron lugar a un mayor número de impugnaciones fueron las relativas a la información económica y de contratación de las entidades locales, a las actuaciones de carácter urbanístico de estas y al empleo público en general.

En 2020, la Comisión de transparencia adoptó 251 resoluciones, 35 más de las formuladas en 2019. En 132 de estas se estimó la petición del ciudadano de acceso a toda o a parte de la información pública solicitada. 

Estas resoluciones deben cumplirse, sin perjuicio de la posibilidad de ser recurridas ante los órganos judiciales; en este sentido, las ocho sentencias judiciales adoptadas en 2020 en recursos interpuestos frente a reclamaciones de la Comisión de Transparencia han confirmado la postura adoptada por esta. 

Por otra parte, un año más es destacable que hasta en 62 ocasiones (36 en relación con la Administración autonómica), una vez que la Comisión de Transparencia inicia su intervención ante la presentación de una reclamación frente a una falta de respuesta a una solicitud de información, el organismo o entidad pública correspondiente ha reconocido el derecho del ciudadano a acceder a esta.