Los restos del dictador Francisco Franco pasan sus últimos días en la cripta de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El Consejo de Ministros de decidió cerrar desde hoy este monumento de Patrimonio Nacional con la intención de ejecutar la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco entre el 18 y el 22 de octubre. La orden para el cierre temporal, pero inmediato del recinto figura en el acuerdo con el que se pone punto y final a un procedimiento iniciado hace más de un año y que se ha topado con múltiples obstáculos consecuencia de los numerosos recursos planteados por la familia de Franco y su entorno. Sin embargo, con la sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno tiene vía libre para ejecutar la operación. «Antes del día 25 de octubre, Franco no estará en el Valle de los Caídos» sino «en un lugar discreto, en el ámbito de su familia, y nadie podrá enaltecer a un dictador en la democracia española», subrayó la vicepresidenta Carmen Calvo.
Nada más conocerse la decisión, las reacciones políticas no se han hecho esperar. Es el caso del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de querer utilizar la salida de los restos del dictador como «munición electoral» cuando simplemente es «una leve restauración de la dignidad democrática». Es cierto que la salida de los restos de Franco del Valle de Cuelgamuros entrará de lleno en la precampaña y en la campaña electoral, pero no es menos cierto que los tiempos nos lo ha marcado el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que lleva 15 meses intentando el traslado del dictador al cementerio de El Pardo-Mingorrubio, donde reposan los restos de su mujer, sino las resoluciones judiciales, que no dejan lugar a dudas. La Sección Cuarta de la Sala Tercera del alto tribunal entendió por unanimidad que la exhumación no lesiona los derechos de los familiares a elegir el destino de los restos, pues este es un derecho «que no es absoluto y que puede ser limitado por razones de interés público». Una sentencia que todo el mundo debe acatar. También el prior de la basílica.
La familia Franco, como no puede ser de otra manera, ha ejercido las medidas judiciales que ha considerado, pero ha perdido. Igual que ellos han defendido su derecho a poder decidir qué hacer con los restos mortales de su familiar, también lo pueden hacer quienes tienen a sus familiares enterrados todavía en cunetas y fosas comunes. Estos últimos, pese a la Ley de la Memoria histórica, encuentran aún muchas dificultades. La exhumación de Francisco Franco, se produzca o no en plena campaña electoral, viene a poner fin a una anomalía histórica que un Estado democrático moderno debe tener resuelta.