La ley de violencia intrafamiliar no entrará a casos de género

SPC
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La Junta inicia el procedimiento para contar con una ley de violencia intrafamiliar como respuesta a una "problemática social existente", que no se aplicará a los supuestos que se consideren violencia de género, ni a la desprotección de menores

Juan García-Gallardo (i) y Alfonso Fernández Mañueco, tras la firma del acuerdo de Gobierno el 10 de marzo. - Foto: Ical

El primer gran proyecto legislativo del Gobierno de coalición de Castilla y León echa andar con la exposición a consulta pública de la futura ley de violencia intrafamiliar. Una de las líneas rojas que Vox marcó en sus negociaciones con el Partido Popular, y que ha sido duramente criticada por oposición, sindicatos y asociaciones feministas, arranca su tramitación al filo del límite que ambas formaciones se habían marcado –el mes de agosto–, aunque, como prometió el presidente autonómico, coexistirá en el ordenamiento jurídico regional con la ley de Violencia de Género. De hecho, la normativa de violencia intrafamiliar no regulará en ningún caso cuestiones relacionadas con la violencia machista, ni a la desprotección de menores. 

Legislación que llega después de que en 2019, el último Gobierno de Herrera sacará adelante el 'Plan de prevención de la violencia en el ámbito familiar en Castilla y León', que contemplaba 121 medidas y abordaba desde una perspectiva integral los distintos tipos de violencia que se producen entre los distintos miembros de una familia, de tal forma que, además de detenerse en la violencia filioparental, en los menores y las mujeres, pondrá especialmente también el foco de atención en las personas mayores y en las personas con discapacidad.

Su elevación a rango de ley llega, según argumenta la Junta, como respuesta a una «problemática social existente», tal y como sostenía el pacto de gobierno firmado entre PP y Vox el pasado 10 de marzo. Ahora se abre una consulta previa en el portal de Gobierno Abierto para que personas, entidades u organizaciones presenten las alegaciones pertinentes hasta el próximo 31 de agosto.

El Ejecutivo de coalición de PP y Vox defiende que es «necesario» impulsar una norma autonómica en Castilla y León que «favorezca la protección y atención de las personas que sufran situaciones de violencia en el ámbito familiar», con el objeto de dar «respuesta a una problemática social existente». Además, en la nota de prensa que anunciaba su salida a exposición pública, indicaron que la «preocupación» del Gobierno de Castilla y León por este tipo de violencia no es una novedad, como demuestra, a su juicio, la aprobación en 2019 del Plan de Prevención de la Violencia en el Ámbito Familiar con el objetivo de prevenir esta violencia y atender a las personas que la sufren. 

«La futura ley supondrá un paso más en esta inquietud, elevando de rango la protección jurídica a las personas que la sufren, dando así respuesta a esta problemática social existente que afecta a los diferentes grupos de personas que se encuentran en ese entorno familiar», defienden desde la Junta. Por último, ambos socios de Gobierno explican que «se entiende» por violencia intrafamiliar la que se produce entre ascendientes, descendientes o hermanos, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre menores o incapaces, o sobre otra persona amparada por cualquier relación por la que se encuentren integrados en el núcleo de convivencia familiar, siempre y cuando no se trate de supuestos que, desde el punto de vista jurídico, se consideren como violencia de género o de desprotección de menores.

Sensibilizar e informar

La norma, según avanza la Junta de Castilla y León, tiene como objetivos «sensibilizar» a la sociedad contra la violencia intrafamiliar; favorecer el acceso a la información destinada a las personas víctimas; prevenir y detectar precozmente estas situaciones; atender de manera integral a las víctimas, incluyendo la protección y la asistencia para conseguir la reparación efectiva, entendida como el restablecimiento de los ámbitos dañados por la situación de violencia vivida y la recuperación de su propia autonomía a través de la formación profesional, la inserción laboral y la participación en la vida comunitaria, e investigar sobre esta materia y difundir los resultados.

Con el objetivo de prevenir y combatir la violencia intrafamiliar, el esquema de la estructura de la ley recoge que se impulsarán medidas de sensibilización y prevención para informar e incrementar la receptividad de la sociedad en la lucha contra este tipo de violencia. Estas líneas de trabajo, basadas fundamentalmente en la información y formación, comprenderán acciones educativas, comunicativas y pedagógicas dirigidas a los sectores y ámbitos donde se pueda enfocar la violencia intrafamiliar.