Las estrategias comunitarias del Pacto Verde Europeo 'De la granja a la mesa' y 'Biodiversidad 2030', dirigidas a conseguir un «sistema alimentario equitativo, sano y respetuoso con el medio ambiente», introducen cambios de políticas que obligan a modificar las prácticas agrícolas en los próximos años. Entre otras cuestiones, establecen que de aquí a 2030 deberá reducirse en un 50% la toxicidad de los productos fitosanitarios empleados en la agricultura, lo que se traducirá en una disminución de las cantidades usadas, sobre todo de ciertas sustancias.

Por esta razón, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias argumenta que, teniendo en cuenta, por un lado, la urgente necesidad de reducir sensiblemente el consumo de fitosanitarios y que, pese a las medidas adoptadas, no se ha reducido de forma significativa la utilización de los plaguicidas; y por otro, las previsiones sobre el incremento en su uso, no cabe duda de que se podrían obtener mejores resultados si en la cadena de utilización de los productos fitosanitarios se introdujera, tal como existe en los ámbitos que afectan a la salud y la sanidad pecuaria, la figura del «prescriptor». Es decir, que los agricultores cuenten con una especie de médico de los cultivos, algo parecido al veterinario que dictamina qué medicamentos, en qué cantidades y en qué momentos se deben administrar a los animales.

Según el Colegio, los productos fitosanitarios, en especial los de mayor peligrosidad, «deben ser prescritos y administrados bajo el control de profesionales habilitados para ello, que comprometan su responsabilidad personal en la idoneidad de sus prescripciones. La clave para reducir el uso de productos fitosanitarios es contar con personal técnico especializado que asumiendo la correspondiente responsabilidad es capaz de prescribir, en cada momento y estadío del cultivo, el producto fitosanitario más apropiado y las dosis más adecuadas para combatir las malas hierbas, plagas o enfermedades presentes en el cultivo», manifestaba hace unos días Francisco González, decano del Colegio.

«No parece adecuado que se deba responsabilizar al agricultor de los resultados de la aplicación. La responsabilidad se les puede exigir a los técnicos competentes especializados en la materia, como los ingenieros agrónomos, colegiados y, por tanto, avalados por un seguro de responsabilidad civil», añadía. El Colegio señalaba además que ya se contempla esta figura en otros países, que tienen establecida la «prescripción fitosanitaria» por un especialista cualificado para una serie de categorías que agrupan a los diferentes productos autorizados, en función de su peligrosidad o riesgo asociado.

Ya hay control.

Donaciano Dujo es el presidente de ASAJA Castilla y León y ha explicado a Cultum cómo ve este planteamiento. «Se trata de un asunto que afecta a la salud pública, así que hay que hablar con claridad», comenta. «En primer lugar, hay que dejar claro que todas las sustancias que se emplean están probadas y aprobadas por las autoridades europeas. Los agricultores no utilizamos nada que no se pueda utilizar», aclara. «Todos hacemos un curso para obtener un carné de manejo de estas sustancias, básico para la propia explotación y profesional si vamos a hacer el trabajo para otros. Cuando compramos estos productos se emite una factura en la que figura el número de carné del comprador, un registro sanitario y los cultivos a los que van destinados».

«Esa figura del responsable que pide el Colegio de Ingenieros ya existe de facto. Los técnicos de las comunidades autónomas, de las organizaciones agrarias e incluso los comerciales de las empresas que venden estas sustancias son, por lo general, ingenieros. Cabe la posibilidad de que el Colegio esté buscando cobrar unas tasas, y a eso decimos rotundamente no. Suficientes gastos tenemos ya como para encima pagar por algo que ya se está haciendo», dice tajante el responsable de ASAJA.

«Actualmente llevamos un cuaderno de explotación en el que tenemos que anotar todas las sustancias que aplicamos y dónde lo hacemos. Y con la nueva PAC, a partir del 1 de enero, ese cuaderno pasará a ser digital. En el plazo de un mes tendremos que dejar constancia de todas las labores que realizamos y la parcela en las que las realizamos, y esos datos quedarán a disposición de la consejería competente de cada comunidad y del Ministerio de Agricultura», explica.

«Los agricultores somos los primeros interesados en usar menos, dado que son unos insumos muy caros. Y también en rebajar la toxicidad, puesto que somos nosotros quienes los manejamos diariamente», añade. «La cuestión es que si se quiere reducir su uso y su toxicidad, las casas comerciales tienen que sacar productos más efectivos y menos tóxicos que nos permitan mantener la productividad de nuestras explotaciones. Si de hoy para mañana reducimos a la mitad lo que usamos nos quedamos sin producción y rentabilidad y la sociedad sin alimentos. Parece que pretenden que Europa no produzca y se tenga que traer todo de fuera, donde en general no cumplen ni de lejos con los requisitos que nos piden a nosotros», lamenta.

«En mi opinión, los transgénicos podrían ser una buena solución, o al menos parte de ella. Hay mucha hipocresía en la UE, porque no dejan cultivarlos pero sí comprarlos a países terceros. Ese tipo de plantas podrían, entre otras cosas, facilitar la reducción en el uso de fitosanitarios», concluye Dujo.