Al margen de las distintas interpretaciones sobre cuál ha sido el grupo que ha puesto más cordura para resolver la mayor crisis institucional que se ha vivido en los últimos tiempos, a cuenta de la renovación del tercio de magistrados del Tribunal Constitucional con el mandato caducado desde hace seis meses; y al margen de las maniobras políticas que se han desarrollado en los últimos tiempos para mantener el bloqueo del Alto Tribunal, que han dado lugar a la interrupción de un proceso legislativo por primera vez en la etapa democrática, es preciso saludar que por fin se pueda proceder a dar cumplimiento a lo que manda, y cómo lo manda, la Constitución.
El acuerdo es un no acuerdo porque no es fruto de la negociación que había sido habitual en cada una de las renovaciones anteriores, sino de las maniobras políticas que trataban de impedir o de postergar lo máximo posible lo que finalmente ha ocurrido: una composición del tribunal de garantías con mayoría progresista. El sector conservador del CGPJ hizo la oferta de presentar un candidato conservador y otra progresista del máximo prestigio para invertir la carga de la responsabilidad del bloqueo. Pero el gambito del sector progresista, al sacrificar a su candidato inicial, el magistrado del Supremo Juan Manuel Bandrés, dejó desconcertados a los vocales conservadores, según todas las crónicas, y dañada la estrategia política del PP.
La renovación del TC tendrá como primera consecuencia el establecimiento de una mayoría de siete miembros de carácter progresista por cuatro de tendencia conservadora, a expensas de que el Senado nombre a un magistrado de ese tercio que dimitió por razones de salud y que, si no se producen cambios de criterio en más de dos magistrados nombrados a propuesta del PSOE, darán luz verde a las principales leyes aprobadas por el gobierno de coalición –eutanasia, educación, infancia, reforma laboral, ryders…- y a la del aborto del gobierno de Zapatero. La segunda consecuencia será qué al Gobierno del PP, si gana las dos próximas elecciones generales, le va a tocar gobernar con un tribunal de garantías progresista lo que le obligará a tener exquisito cuidado si no quiere ver sus leyes o decisiones anuladas. Una tercera consecuencia, que daría la medida del éxito total de la maniobra de los vocales progresistas del CGPJ sería que el magistrado y ex fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido fuera elegido presidente del TC, que los conservadores trataban de evitar con el veto al juez Bandrés y la sustitución del juez Pablo Lucas por María Luisa Segoviano, de la que dependería su nombramiento frente a la candidatura de la también progresista María Luisa Balaguer.
Si se da por bueno que la apelación al "respeto institucional" esgrimida por los progresistas del CGPJ para aceptar la propuesta de los conservadores está relacionada con el llamamiento del rey Felipe VI en su mensaje navideño para evitar "el desgaste" de las instituciones, y con las advertencias de la Unión Europea para no acometer modificaciones legales sin contar con las partes afectadas, es al PP al que le toca ahora mover ficha por cuanto el origen de la crisis institucional está en la falta de renovación del CGPJ desde hace cuatro años, y porque la UE ha dicho que primero hay que renovar ese órgano y luego proceder al cambio de sistema de elección de sus vocales.