Los ciudadanos comprometidos con la eficiencia energética aún se encuentran con trabas. Ya no solo basta con tener el dinero para aislar una vivienda o instalar placas solares para el autoabastecimiento. También hay que salvar la burocracia. Según han confirmado consumidores y empresas instaladoras, la Junta de Castilla y León acumula importantes retrasos a la hora de legalizar nuevas placas solares.
Como el que construye una casa y da de alta la luz, quienes apuestan por poner placas solares en su vivienda –con el objetivo también de vender los excedentes energéticos a las comercializadora– están obligados a obtener un boletín en la Junta de Castilla y León. Un trámite que se puede llegar a alargar más de tres meses, especialmente desde el pasado mes de enero. Entonces la propia Administración autonómica aprobó 37 millones de euros en subvenciones para el fomento del autoconsumo y almacenamiento de energías renovables, tanto para particulares como para empresas, y abrió un nuevo capítulo en el 'boom' que se vive en este ámbito.
«A nuestros clientes les decimos que tengan paciencia», explica Ana Cuerdo, responsable de Solar Futuro, una empresa segoviana especializada en el sector de las energías renovables. «El problema que ha tenido [la Junta] es que con las subvenciones aprobadas gracias a los fondos europeos la gente ha empezado a hacer instalaciones y se ha desbordado. «La Junta intenta agilizarlo lo máximo posible pero sí que es cierto que cuando hay tanta demanda esto pasa en cualquier trabajo», añade Cuerdo.
Las esperas se reproducen también en el momento de negociar con las comercializadoras. «Mucha gente tiene legalizada la instalación pero después la comercializadora no le reconoce el excedente», asegura la responsable de Solar Futuro. En esta empresa, la inversión media para instalar placas solares se sitúa entre los 5.000 y los 6.000 euros, según los datos que proporciona. «Con el actual precio de la luz esperamos que la demanda siga creciendo. La gente lo mira y lo ve», subraya.
Según datos de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), la contribución directa de la fotovoltaica al PIB español fue de 3.717 millones de euros en 2020 y sus exportaciones alcanzaron los 2.565 millones de euros. Un crecimiento que se puede ver afectado por los obstáculos, tal y como señala un consumidor que ha sufrido los retrasos en la Junta y que prefiere no revelar su identidad.