El diez por ciento de la población de Castilla y León se encuentra ya en situación de exclusión social severa, después de que este colectivo haya subido un tres por ciento durante el último año. Una dramática realidad que ayer puso de relieve el informe Foessa 2022 sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunidad, que pone de manifiesto que esta brecha se distribuye a través de tres caminos diferentes que ya existían antes de la pandemia, pero que se han visto incrementadas desde el último informe. En concreto, los problemas son más severos en aquellos hogares donde el principal sustento económico es aportado por una mujer, lo mismo que en aquellos en los que se trata de un menor de 30 años y, «en una proporción mucho mayor», cuando se trata de una persona de origen extranjero perteneciente al colectivo migrante.

El técnico del equipo de estudios de Cáritas Española y Fundación Foessa, Pedro Pérez Rey, fue el encargado de desgranar los aspectos más importantes del informe, que calificó como «un retrato de la realidad social de la región». Según sus palabras, son datos que ofrecen tanto «elementos para la preocupación», dada la envergadura de los efectos que la crisis ha tenido en la estructura social del país, como «razones para la esperanza», a la luz de las fortalezas que muestran ámbitos como «la participación social, la solidaridad, el voluntariado y las redes familiares».

Según las palabras de Pedro Pérez Rey, «es una barbaridad de incremento», ya que «supone que hay un montón de gente que está en el estrato más bajo de la sociedad y en las perores condiciones». 

Problemas laborales

Otra de las principales conclusiones del informe elaborado por Cáritas tiene que ver con el empleo y, más concretamente, con «el deterioro en las condiciones de trabajo», especialmente, desde el punto de vista de la capacidad que un empleo tiene como garantía para estar en una buena situación social. «Eso probablemente ha desaparecido ya. Ahora tendremos que hablar, no de tener un empleo, sino de tener un buen empleo», matizó Pérez Rey. Por otro lado, el porcentaje de población ubicada en la denominada zona de integración, «la de la normalidad», donde están aquellas personas y familias a los que no les afecta ningún indicador de exclusión social, y «donde debiera estar la inmensa mayoría de la población de una sociedad decente», según los datos del informe, se ha reducido en diez puntos, del 60 al 50% en Castilla y León. Sin embargo, alertan que el Ingreso Mínimo Vital «no está funcionando todo lo bien que debiera», pues, con datos de 2021, solo lo percibe una de cada cuatro personas en situación de pobreza severa en la Comunidad.