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Los acusados de simular un curso lo tachan de causa política

Europa Press
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Cuatro funcionarios de la Junta de Castilla y León y un hostelero se enfrentan a penas que globalmente suman casi 32 años de cárcel.

Los acusados, junto a sus abogados defensores, en la primera jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Valladolid. - Foto: Europa Press

Funcionarios de la Junta encausados por la organización de un cursillo intensivo de guía ecuestre que, supuestamente, nunca llegó a celebrarse y tenía como único objetivo saldar una deuda que el Centro Ecuestre, con sede en Segovia, mantenía con la Federación Hípica de Castilla y León, se han declarado inocentes y víctimas de un caso "totalmente político" que ha terminado por "salpicar" a todos ellos de forma injusta.

Es el amargo lamento de la que fuera jefa del Servicio de Formación Agraria e Iniciativas en Actividades Formativas de la Consejería de Agricultura, Alicia P.G, quien, en la primera sesión del juicio iniciado este miércoles en la Audiencia de Valladolid contra ella, otros tres funcionarios y un hostelero, no solo entiende que el polémico cursillo se llegó a celebrar en 2010, "como otros doscientos celebrados ese año", sino que ha tildado el proceso de "causa política".

La acusada se refería así a que el caso saltó a la opinión pública a raíz de unas informaciones publicadas en marzo de 2019 por un medio impreso que entonces ponían en la picota a Silvia Clemente, exconsejera de Agricultura, por unos correos electrónicos destapados entre parte de los encausados que aludían a la simulación del citado cursillo de guía ecuestre, presupuestado en más de 25.000 euros, para saldar parte de la deuda que con la Federación Hípica de Castilla y León tenía pendiente el Centro Ecuestre, ubicado en Segovia y del que había sido principal artífice la expolítica segoviana.

El caso saltó cuando la que había sido años antes consejera de Agricultura acababa de dejar la Presidencia de las Cortes para concurrir en un proceso de primarias en Ciudadanos con Francisco Igea, el otro candidato que se presentó a las autonómica de aquel año, lo que derivó en una investigación dentro de la propia Junta que terminó en manos de la Fiscalía de Valladolid y la imputación de los cuatro funcionarios--la exconsejera no fue encausada--y del empresario y titular del 'El Rincón del Labrador', establecimiento que, supuestamente, dio alojo a la veintena de alumnos cuya existencia niega la fiscal.

"SALPICADOS DE FORMA INJUSTA". En su declaración exculpatoria, la ya exjefa del Servicio de Formación, Alicia P.G, llegando casi al llanto, ha insistido en que ella y sus compañeros son solo víctimas. "Entiendo que es un tema político que a nosotros nos ha salpicado de forma injusta, nos han utilizado...somos funcionarios públicos que nos hemos empleado en cuerpo y alma", ha indicado Alicia P.G.

La acusada, en declaraciones recogidas por Europa Press, asegura no recordar ya casi nada al haber transcurrido más de once años pero sí ha precisado que el cursillo salió adelante fuera de las acciones programadas porque "había dinero suficiente. No es anormal, extraño o fuera de lo habitual. La actividad formativa, salvo la reglada, no ha sido nunca algo cerrado y era posible programar más cursos fuera de los previstos".

Por debajo de ella en el escalafón y también acusada, la técnico facultativa del Servicio de Formación Agraria, Raquel M.G, tampoco recuerda ya prácticamente nada de aquel expediente que ella tramitó pero, al igual que la anterior, no duda de que el curso llegó a celebrarse con todos los predicamentos. "Según mi conocimiento, se celebró el cien por cien de los cursos que llegaron al servicio, jamás he dudado de la documentación recibida de otros compañeros. Yo, por mi cargo, no tomaba ninguna decisión, me limitaba a seguir instrucciones", ha zanjado, no sin antes negar que se hubiera intercambiado correos con otros acusados sobre la preparación del curso como ardid para condonar la deuda del Centro Ecuestre con la Federación Hípica de Castilla y León.

Otro de los encausados, el jefe de la Sección de Formación Agraria del Servicio Territorial de Agricultura de Segovia, Bernardino H.A, ha negado que el cursillo fuera promovido por él sino por los servicios centrales de Formación en Valladolid, a través de un mensaje expreso de Raquel M.G. de que "había que lanzarlo", sin que tuviera más noticias de aquella acción formativa hasta que fue llamado a capítulo por la Inspección General de Servicios de la Junta. El acusado no tiene constancia del número de alumnos pero ha sido muy claro al afirmar que el cursillo ni se celebró en el Servicio de Formación Agraria de Segovia ni en la Escuela Ecuestre, sin que pudiera atestiguar que sí se desarrollara en el Centro de Formación Agraria de la Santa Espina, en Valladolid.

"IMAGINO QUE LOS CABALLOS LOS TRAERÍAN DE SEGOVIA". Precisamente, el auxiliar administrativo de estas últimas instalaciones, José Antonio G.A, otro de los acusados, ha recordado vagamente haber visto alumnos de ese curso del que fue nombrado coordinador y cobró por ello 790 euros, pero, de forma sorpresiva, imagina que tanto el profesorado como los caballos "los traerían a la Santa Espina vía Segovia, desde la Federación Hípica", por cuanto las instalaciones vallisoletanas carecen de ganado equino.

No menos sorprendente ha sido la declaración del empresario hostelero Luis Fernando M.M, propietario de 'El Rincón del Labrador' en La Santa Espina en el que, supuestamente, estuvieron alojados veinte alumnos entre los días 2 y 4 de noviembre de 2010, con comida incluida, servicio por el que percibió 2.800 euros. El hostelero duda de haber cobrado esa cantidad, niega que la firma de la factura sea suya pues "puede haberla firmado algún empleado" y ni siquiera recuerda que los alumnos se alojaran en su local durante tres días. "Igual esos días ni siquiera me encontraba en Castilla y León", ha alegado.

LA INSPECCIÓN MANTIENE QUE HAY INDICIOS DE DELITO. La primera jornada del juicio también ha contado con la testifical del inspector de Servicios que en 2019 elaboró un informe sobre ese y otros cursos impartidos desde 2007 por el Centro de Formación Agraria. El inspector concluyó en su momento que los hechos eran constitutivos de delito y ha vuelto a reafirmarse en el juicio en aquel dictamen, el mismo que trasladó en su día a la Consejería de Agricultura y que llevó a ésta a poner la investigación realizada en vía administrativa en manos de la Fiscalía vallisoletana.

El autor del informe ha relatado que solicitó el expediente, entrevistó a los ahora acusados y pudo comprobar para su sorpresa que "la documentación era insuficiente. Faltaba casi todo, era el expediente que más defectos tenía y, tanto por los correos publicados en prensa como por la carencia de documentación, incluida la falta de la relación nominal de alumnos, generó muchas dudas porque se daba apariencia a la celebración del curso pero no certeza de que se había celebrado".

Su jefa e inspectora general, la que también fuera anteriormente consejera de Cultura y delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, ha comparecido acto seguido para ratificar las palabras del inspector y fundamentar el por qué de que finalmente se optara por llevar el caso a la vía penal.

LA FEDERACIÓN HÍPICA, FUERA DE LA CAUSA. Aunque en la causa figuraba la Federación Hípica Castilla y León como responsable civil subsidiaria de las indemnizaciones, el tribunal ha exculpado a dicha entidad atendiendo la petición de su defensa en la fase de cuestiones previas, ya que la letrada ha advertido de que su patrocinada no figuraba en el auto de apertura de juicio oral, de fecha 18 de octubre de 2021, y que fue incluida a posteriori por la fiscal en su escrito de acusación.

El juicio prosigue mañana. Fiscalía de Valladolid imputa tres delitos de falsedad en documento oficial, uno de ellos continuado; falsedad de documento oficial realizado por un particular, así como un delito de prevaricación en concurso con otro de malversación, de los que hace responsables, en distinta medida, a los cinco encausados y les pide penas que globalmente suman casi 32 años de cárcel e inhabilitación por 62 años.