El conocimiento sobre el funcionamiento básico de una economía de mercado ha decaído en las élites de gobierno y brilla por su ausencia en la sociedad occidental. La causa de esta creciente ignorancia se debe a que el número de individuos cuyos ingresos dependen solo del sector público no para de aumentar, lo cual pone en peligro la viabilidad del propio Estado.
Basta con escuchar a Boris Johnson para darse cuenta que el pragmatismo británico está en retroceso. El primer ministro piensa que la causa del problema económico actual se debe a los bajos salarios que castigan a las clases medias, merman de ingresos fiscales al Estado y aumentan las desigualdades sociales. Con el Brexit, la decadencia económica británica iba a desaparecer de un plumazo porque al cerrar las fronteras a la inmigración los salarios iban a subir automáticamente.
Los salarios no los dicta solo el perverso ejecutivo, sino que son fruto de la productividad de la empresa y del resto de costes que acompañan a la vida de un negocio. Los trabajadores de la Administración, funcionarios en general, desarrollan su empleo en áreas de difícil análisis productivo. ¿Cuál es la retribución correcta para un policía, un médico o un funcionario de prisiones? Es imposible, solo sabemos que cuando no están, la pobreza se extiende con rapidez.
Hasta hace muy poco, un funcionario poseía un sueldo inferior al del sector privado a cambio de la seguridad laboral que el otro carecía. Los pensionistas cobraban menos que los que trabajaban, por justicia social y sentido común. Al expandir el colectivo que recibe recursos públicos, hemos perdido la referencia de dónde vienen dichos ingresos; los cuales proceden de los impuestos generados por la actividad económica privada. Recalco, de la actividad económica y no de la riqueza.
Al aumentar los costes energéticos, la regulación fiscal, laboral y administrativa, reducimos el margen que tienen las empresas para dedicar recursos al salario. Los negocios deben ser sostenibles, porque cuando no son viables quiebran y alguien se va al paro. Al atacar a los empresarios, Boris ha confirmado que confunde la causa con la consecuencia. El bienestar económico no es un derecho, sino solo una posibilidad y en nuestra historia la pobreza es lo habitual. Las medidas aplicadas por el Covid demuestran el desprecio de la clase política hacia los responsables de la actividad económica, porque solo les preocupan los impuestos y el incremento fiscal será solo temporal.