La mayoría de parlamentos autonómicos, plenos municipales de grandes ciudades y de diputaciones provinciales están debatiendo estos días iniciativas en materia de igualdad y de violencia machista en vísperas del 25 de noviembre, cuando se conmemora la jornada internacional contra la violencia de género. Y en la mayoría de los casos está sirviendo para constatar la quiebra del consenso político que, hasta hace bien poco, imperaba en esta materia, al resultar imposible acordar declaraciones institucionales firmadas por todos los partidos. La voz disonante es Vox. A nadie puede extrañar su posición en este ámbito. Ya es conocida su argumentación, que más bien puede interpretarse como una excusa, de que está en contra de todas las violencias, es decir, las ejercidas contra la mujer, pero también las que puede sufrir cualquier persona en el ámbito familiar. Así, la formación de Santiago Abascal no está dispuesta a apoyar estas iniciativas mientras no se hable de violencia intrafamiliar. Y, de momento, en algunos casos como en el del Ayuntamiento de Madrid, PP y Ciudadanos parece que están claudicando para no enfadar a sus socios, según les reprochan desde la izquierda.

Con 52 diputados y con el antifeminismo como uno de los ejes básicos de su ideario, Vox tendrá posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional las leyes que considere. Ya han dado señales claras de que van a intentar bloquear o revertir normas como la Ley contra la Violencia de Género, legislación que han intentado denostar una y otra vez al considerar que atenta contra el hombre. Ante esto, el resto de fuerzas políticas deben dejar claro cuanto antes que no permitirán que la agenda de la igualdad la marque una organización negacionista. Y el 25 de noviembre sería el mejor día para que se aglutinen, como hasta ahora han hecho, en torno a la defensa de leyes contra la violencia machista y la desigualdad de género y las apeen de la refriega política.

Los gestos simbólicos son importantes, aunque a algunos les puedan parecer una nimiedad. Este tipo de declaraciones institucionales o las convocatorias en recuerdo a las víctimas forman parte de la médula espinal de la sensibilización social. Dar pasos atrás en este sentido es un grave retroceso. No se pueden usar argumentos vacíos que no tienen en cuenta lo estructural de un problema social que va más allá de una discusión política en un pleno. La violencia machista se ha llevado la vida de 51 mujeres en 2019, superando ya las cifras del año anterior. Los asesinatos de mujeres -y los de sus hijos, que, junto con los huérfanos, se consideran ya violencia de género- son un hecho terrible y específico, fruto del machismo, y negarlo solo trae dolor a la sociedad. Las víctimas se merecen, al menos, que las instituciones estén de su parte.