El Gobierno ha aprobado este martes las condiciones en las que se van a prorrogar los ERTE relacionados con la pandemia del COVID-19 hasta el 31 de enero, tras haber logrado un acuerdo con patronal y sindicatos.
Según ha destacado tras el Consejo de Ministros la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, -que ha vuelto a agradecer el esfuerzo del diálogo social para cerrar acuerdos- la ampliación "protege a todas las empresas y a todos los trabajadores" ante unos meses que pueden ser complicados.
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha detallado el nuevo esquema de ERTE y que contempla tres modalidades.
Por un lado, los ERTE por fuerza mayor para las actividades más afectadas por la pandemia tendrán exoneraciones del 85% en el caso de las de menos de 50 trabajadores y del 75% si tienen más, tanto para los empleados activados como los que siguen parados.
Y por otro, el denominado ERTE de rebrote pasa a convertirse en dos nuevas modalidades: el ERTE de impedimento y el ERTE de limitación, a los que podrán acogerse cualquier empresa sea cual sea el sector que se vea afectada por medidas relacionadas con la COVID-19.
En el primer caso, por parón total de la actividad, las bonificaciones serán del 100% para las empresas de menos de 50 trabajadores, del 90% para los de más de 50.
En el segundo, el esquema de bonificaciones es decreciente partiendo del 100% en octubre para pasar al 90% en noviembre, al 85% en diciembre y al 80 % en enero para las empresas de menos de 50 trabajadores, en tanto que para las de más de 50 empleados hay que restar diez puntos a los porcentajes anteriores.
"Si salvamos el otoño y el invierno entraremos de lleno en la recuperación", ha afirmado Díaz.
Díaz también ha señalado que el acuerdo mantiene la obligación de mantener el empleo durante 6 meses para las empresas acogidas a un ERTE, así la prohibición de realizar horas extras.
También ha apuntado que se han incluido medidas para priorizar la formación de los trabajadores en ERTE y ha recordado que se mantiene la cuantía de las prestaciones y el "contador a cero".
Un coste de 22.000 millones
El coste para las arcas públicas de las ayudas asociadas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y a la protección de los autónomos asciende hasta septiembre a unos 22.000 millones de euros, de acuerdo con los datos facilitados por el ministro de Inclusión, , Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado este martes la prórroga de las condiciones especiales de los ERTE, Escrivá ha explicado que la mitad de esa cifra es imputable a la Seguridad Social por ayudas extraordinarias a autónomos, exoneraciones de cotizaciones a empresas y prestaciones por incapacidad temporal.
La otra mitad corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en concepto de prestaciones para los trabajadores incluidos en ERTE.
De aquí en adelante se sumarán al menos 1.000 millones de euros más de gasto cada mes "en el mejor de los escenarios", ha calculado Escrivá, que ha subrayado que se trata de una cifra "muy tentativa" porque dependerá de los autónomos que soliciten la prestación, de las empresas que se acojan a ERTE y de la evolución de la pandemia que repercutirá en el gasto por incapacidad temporal.
"Hay que tener en cuenta la enorme incertidumbre con la que se hacen previsiones en esta situación", ha añadido el ministro, que ha destacado el esfuerzo presupuestario extraordinario que está haciendo el Gobierno.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha apostillado que hasta la fecha el gasto ejecutado ha coincidido con la previsión del Ejecutivo, que ha resultado "bastante acertada".