Editorial

Los continuos parches en el sistema de pensiones no son la solución

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La Seguridad Social va a gastar este año algo más de 128.000 millones de euros en pagar pensiones contributivas. Sin embargo, los presupuestos prorrogados -elaborados por Cristóbal Montoro poco antes de triunfar la moción de censura contra Mariano Rajoy- sólo autorizan una disponibilidad de gasto de 120.000 millones de euros. Debido a este desfase, el Consejo de Ministro aprobó ayer un decreto ley para poder la extra de las pensionistas, que estará ingresada en sus cuentas corrientes a finales de este mes de noviembre. Asimismo, el Ejecutivo en funciones se ha visto obligado a autorizar la retirada de hasta 3.598,2 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para afrontar la nómina de los pensionista aunque la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha confiado en que finalmente no se tenga que usar todo la cantidad. Si finalmente es esta la cantidad que se utiliza, en el Fondo de Reserva quedarán unos 1.543 millones de euros gracias a que durante estos últimos años el Gobierno ha decidido pedir préstamos para no dejar el fondo a cero. En cualquier caso, los remanentes de la Seguridad Social están muy lejos ya de su importe máximo alcanzado en 2011. Fue entonces cuando sumó 66.815 millones de euros.
La evolución de la esperanza de vida, el incremento del número de beneficiarios debido a la incorporación de la generación del baby boom, la precarización del empleo con el consiguiente descenso de las cotizaciones son factores que dan como resultado que la caja tenga menos dinero y que éste se tenga que repartir entre más gente.
La reforma de las pensiones es, sin duda, uno de los asuntos prioritarios que debe abordar el próximo Gobierno sea del signo que sea. El ‘incendio’ catalán ha invadido la precampaña y la campaña electoral por lo que temas tan trascendentales como el de las pensiones han quedado marginados y apenas se habló de ellos en el debate a cinco. Las medidas que hay que adoptar para garantizar un sistema de pensiones justo y sus mecanismos de financiación necesitan de un amplio consenso que, ahora mismo, parece más que imposible en la política española. Yel asunto viene de lejos porque durante estos últimos años poco se ha avanzado dentro del Pacto de Toledo y lo más que se han venido aplicando son parches que no solucionan el problema. Es cierto que las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno acaban de empezar, pero todo indica que no va a ser posible ahormar alianzas entre bloques que den estabilidad al próximo Ejecutivo. Así las cosas, todo parece indicar que el debate sobre las pensiones deberá ser de nuevo pospuesto. Pero el tiempo se acaba.