El reparto de los objetivos de déficit público para el próximo año entre comunidades, entidades locales y Gobierno central soliviantó ayer al consejero de Economía de la Comunidad, Carlos Fernández Carriedo, que afeó al Ejecutivo central que, de cara a 2023, vaya a tener un margen doce veces mayor que el de las comunidades (0,3 por ciento). «Todo esto a pesar de que cuentan con las competencias en servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación, la dependencia o la lucha contra incendios forestales», cuestionó ayer el titular autonómico tras participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde sostuvo que este margen permitirá al Gobierno central de Pedro Sánchez no tener que hacer ajustes sobre su gasto. 

Fernández Carriedo aseguró sobre este punto que desde la Junta no dicen que el Estado no tenga competencias, pero sí que sus atribuciones en términos de gasto no son «12 veces mayor» que las de las autonomías. Por tanto, censuró una distribución «asimétrica» y advirtió de que esto pone en dificultad las competencias asumidas por la Comunidad: sanidad, educación, los servicios sociales o cuestiones como la prevención y extinción de los incendios.

El consejero de Castilla y León exigió además que se trate en esta reunión «multilateral» del Gobierno y las comunidades la reforma del sistema de financiación autonómica, y pidió al Gobierno que no la aborde con Cataluña en la reunión bilateral prevista por el Ejecutivo con esta región, dentro de la mesa de diálogo. «Lo que afecta a todos que se trate en foro en el que estamos todos», aseveró Fernández Carriedo.

Lamentó también que el Consejo de Política Fiscal y Financiera no debatiera sobre la reforma del modelo, aprobado en la etapa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y aprovechó para reivindicar el peso que a su juicio deben tener las variables del territorio en la asignación de las partidas.Sobre esto, insistió en que el coste de algunos servicios está vinculado a la extensión territorial y no la población, como los incendios.  De esta forma, Fernández Carriedo expuso que la Junta se encarga de la prevención y extinción de incendios, así como de la política forestal con el fin de conservar un patrimonio, en este caso natural, que destacó pertenece a todos los españoles.

Todo ello después de que el Consejo de Ministros aprobase este martes el acuerdo que fija el límite de gasto no financiero del Estado para 2022, que aumenta el 1,1 por ciento hasta un total de 198.221 millones de euros, 2.079 millones más que en 2022, lo que sitúa a esta variable en el tercer récord consecutivo de los últimos años. Así del déficit del 3,9% del PIB previsto para 2023, 3,2% serán para la administración central y un 0,3 por ciento para las comunidades.