UN MINUTO MIO

Jesús Quijano

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid


Acceder a la universidad

Anda otra vez a vueltas el debate sobre la prueba de acceso a la universidad. Y lleva ya discutiéndose desde hace tiempo cuál debe ser la forma más justa, más igualitaria, menos discriminatoria de ordenar dicha prueba. La EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) se ha convertido en el centro de la controversia, con posiciones bastante distantes entre sí.
El problema es sencillo de comprender y quizá también de resolver, si hay voluntad de encontrar una fórmula equilibrada. Resulta que, actualmente, la dimensión autonómica de esa Evaluación es susceptible de generar distorsiones, tanto porque su contenido pueda ser distinto, y con más o menos dificultad, como porque la valoración de la prueba puede hacerse con criterios distintos. Y el resultado no es indiferente ni inocuo. Perfectamente puede ocurrir que, estando abierto el acceso y limitado el número de alumnos a acceder a determinadas titulaciones, una pequeña diferencia en la puntuación dé ventaja a uno y perjudique a otro, con los efectos que puede tener para el futuro del estudiante; y no sólo profesionales o económicos, también psicológicos y personales. El futuro de un joven puede estar condicionado por el hecho de no haber podido iniciar a su debido tiempo unos estudios para los que se sentía especialmente vocacionado. Y el ánimo se excita aún más si comprueba que una parte de los puestos de acceso limitado fueron ocupados por jóvenes de otra procedencia, bajo esa impresión de que pasaron una prueba más asequible y mejor valorada. La mezcla de ambas sensaciones es más ingrata.
La solución más directa cuenta con muchos partidarios, ciertamente: una prueba única, con el mismo contenido y los mismos criterios de evaluación para toda España; de manera que no haya lugar a discriminaciones porque el propio modelo de prueba de acceso no lo permita. La otra posición, al contrario, considera más acorde con la realidad territorial mantener una prueba particularizada de alcance autonómico. Cada una tiene sus argumentos. Y no parece complicada una solución intermedia: una prueba de estructura única, con diferencias posibles y razonables en ciertos contenidos, y criterios homogéneos de evaluación. Casi siempre en medio está la virtud.