Tanto tiempo se pensó que por ser «la mejor del mundo» podía aguantar de todo que tuvo que llegar una pandemia a destapar las miserias que venía acumulando desde hace años. El antiguo esplendor de la sanidad pública española languidece y el año pasado incluso sus profesionales dijeron «hasta aquí».

El año empieza con las trincheras de la Atención Primaria levantadas en buena parte del país porque antes no han podido hacerlo: médicos, enfermeras y el resto de trabajadores del primer nivel asistencial empezaron 2022 como terminaron 2021, sepultados en la tempestad de ómicron, tratando de gestionar las decenas de miles de casos que provocó las navidades pasadas, y arrancan este ejercicio con el temor a un repunte de casos por la apertura de las fronteras chinas.

No era la primera vez que una ola de la COVID saturaba la Atención Primaria; sin embargo, la magnitud de aquella confirmó que todo el sistema se tambalea cuando esta, empezando por las urgencias. Todo aquel que no consigue una cita con su médico de cabecera acude en masa a estos servicios, que han tenido que afrontar una demanda un 25 por ciento superior a la que había en 2019.

La vuelta de los virus respiratorios de la gripe y el sincitial han pillado e los últimos meses a los sanitarios con la paciencia y el ánimo muy mermados.

El hartazgo es a todos los niveles y especialidades, pero ha hecho rebosar el vaso en la «hermana pobre» del sistema, lastrada por un modelo hospitalocentrista que la ha sumido en una carencia crónica de presupuestos y recursos humanos y en un exceso de precariedad, agendas infinitas y burocracia a sus profesionales. Una situación que, no por empezar el nuevo año pone los contadores a cero. Tras la tregua de las festividades navideñas, la realidad vuelve a imponerse y parece haber  pocos visos de solución.

Con la desazón de los profesionales, también aumenta la de los ciudadanos: según uno de los últimos Barómetros Sanitarios publicado por el CIS, los españoles tienen una buena opinión de sus médicos, pero se ha disparado a la mitad el número de los que piensan que hacen falta cambios fundamentales e incluso reformas profundas.

A finales de 2022, la espera media para tener una cita en el centro de salud era de 8,54 días, aunque para casi un cuarto (23,3 por ciento) supera los 11 días; para el 12 por ciento se demora entre 8 y 10 días y, para el 18,7 una semana.

En unos meses ha aumentado al 15,8 por ciento el número de pacientes que no pueden consultar a tiempo un verdadero problema de salud con su médico de familia.

Si a eso se suma que el 38 por ciento de la población tiene que esperar más de tres meses la consulta con su especialista y el 37 por ciento entre uno y tres, junto con el récord histórico en las listas de espera quirúrgica (742.518 pacientes, aunque la demora para operarse ha descendido a los 113 días), el descontento ciudadano está servido y la pregunta que se plantea el contribuyente está cargada de razón. ¿Qué fue de la mejor Sanidad del mundo?

Así es como se ha acrecentado el trasvase de pacientes a la privada: los asegurados se han ido incrementando paulatinamente desde 2016 hasta el 3,8 por ciento y ya son 11,55 millones los españoles con seguro.

Evitar la caída

Con este panorama, Gobierno y comunidades buscan cómo aliviar la embestida que ha supuesto la pandemia y ha dado al sistema con una serie de medidas, la primera, incrementando su financiación.

Para este año, el gasto sanitario presupuestado por las comunidades -que supone el 92,96  por ciento del total- es de media un 7,69 por ciento superior, alcanzando los 1.808 euros/habitante. Sin embargo, aún están muy lejos los casi 2.300 de la Unión Europea y las diferencias entre autonomías son abismales, según un reciente informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública.

Mientras, el Gobierno central ha reservado en los Presupuestos Generales del Estado 7.049 millones - de los que 1.538 millones proceden de los fondos europeos-, un 6,7 por ciento más que hace un año, para las políticas sanitarias.

Otras de las medidas de choque pasan por contratar médicos extranjeros previa homologación del título o aplazar las miles de jubilaciones que se prevén en Atención Primaria en los próximos años -una tercera parte de sus 12.000 médicos tienen entre 60 y 65 y 1.500 superan esa edad-, para lo que el Ejecutivo ha propuesto facilitarles la jubilación activa con el 75 por ciento de su pensión.

Porque el gran problema es que no existe recambio para todos ellos y el reto principal está en retener el talento: los futuros médicos prefieren irse fuera que trabajar en estas condiciones, pero solo ellos pueden devolver el brillo que una vez tuvo el Sistema Nacional de Salud.