E l mundo rural alberga 7,5 millones de personas, el 16% del total de la población del país, en unos 6.600 pueblos de hasta 30.000 habitantes y con cerca de un millar con menos de 100 en la España despoblada, donde el sector agrario es protagonista. Sin embargo, en los últimos tiempos, la actividad agraria ha sido el campo de batalla en el que los partidos políticos han decidido jugar algunas de sus cartas azuzando debates con el medio ambiente, la ganadería, los vertidos, la contaminación, los nitratos o el agua, con la mirada puesta no en el voto rural, sus intereses y demandas, sino en lo que querría oír el ciudadano urbano.

Con estos planteamientos, el sector agrario, además de producir alimentos en volumen, calidad y a buen precio, se habría convertido para algunos políticos en un peligro para el sostenimiento de ese territorio, donde se malgasta el agua a pesar de los precios de la energía, donde no existe la ley, donde cada cual tira basuras y residuos donde le cae más a mano, donde se abusa del abono a precio de oro, donde se pone una granja dónde y cómo más le conviene a quien la pone, donde se contamina o se labran setos y linderos… Cuando, en realidad, es pilar fundamental para el sostenimiento de la vida en el medio rural y el medio ambiente.

En este contexto, Garzón se encargó de prender la mecha para el debate de los partidos políticos sobre el bienestar animal y los vertidos o las mal llamadas macrogranjas -una calificación utilizada en términos peyorativos que no existe en la legislación española ni comunitaria-. En realidad, es un tipo de granja que se identificaría como una gran explotación regulada por Agricultura, con puntos que pueden modificar parcialmente las comunidades autónomas en aspectos como distancias de emplazamiento, capacidad de animales o vertidos; y que debe ser controlada para que cumpla la normativa y penalizada si la infringe.

En este contexto, lo que era una cuestión económica y medioambiental pasó a ser un motivo para marcar diferencias políticas. Los partidos a la izquierda del Gobierno, con el mundo rural como base, fueron los protagonistas del rechazo a este tipo de explotaciones, el reclamo a la actividad extensiva y la defensa de la explotación familiar, mientras a su derecha socialistas y populares trataban de mantener posturas de equilibrio.

Lejos de posiciones demagógicas y populistas, se perdió una ocasión para un debate y, a la vez, ofrecer información a la opinión pública sobre el modelo de explotación ganadera que funciona en el país y su importancia para proporcionar a los consumidores una oferta suficiente y de calidad a precios asequibles. En el caso del porcino, donde existe una regulación muy estricta, de 86.000 explotaciones solo un 3% se puede calificar como «macrogranjas», lo mismo que sucede en vacuno de carne o de leche. Carece de sentido hablar simplemente de ganadería extensiva o familiar al estilo de la vieja usanza, artesanal, cuando en realidad lo que funciona en el país es un modelo mixto donde los terneros de la vaca extensiva se engordan en cebaderos, lo mismo que sucede con el ovino.

En España, entre un 80% y un 90% de la producción de carne se puede calificar como de ganadería intensiva, con explotaciones totalmente reguladas, lo que no evita que al no ser empresas informáticas, tengan su parte negativa en olores. Ello supone, en paralelo, lograr una oferta a unos precios asequibles para los consumidores y de una adecuada calidad. Consumir carne de buey criado durante cinco años o pollos engordados en seis meses es un lujo que no se puede permitir toda la población.

El debate no estaba en las grandes explotaciones, sino en que está pendiente definir con concreción este tipo de modelo para que cumpla todas las exigencias -medioambientales, de distancias y vertidos, etc.-, de manera que sea sostenible para los consumidores y también para los ganaderos. Porque los productores son los olvidados en esta batalla y no se trabaja para que no abandonen. Esto acarrearía que las importaciones de terceros países cubrieran su hueco con una oferta de la que no se sabe muy bien cuáles han sido sus condiciones en bienestar animal, alimentación o tratamientos zoosanitarios frente a las mayores exigencias comunitarias.

El sector agrario también ha sido escenario de los debates políticos sobre el uso abusivo del agua en diferentes producciones. Desde la fresa de Huelva por las reservas de Doñana, hasta los pozos de Castilla-La Mancha para el viñedo o las nuevas plantaciones de olivar o pistacho, pasando por el empleo de los abonos y sus residuos en las tierras de levante, especialmente en Murcia. Todo ello sumado a las batallas para el reparto de los fondos de la PAC, en la que los datos de las solicitudes de este ejercicio, cuya presentación se inició el pasado día uno, pueden ser claves de cara a la nueva reforma a partir de 2023.

La otra batalla. Junto a los debates políticos, por si fuera poco, el medio rural y el propio sector agrario se han convertido también en un campo donde se libra una batalla soterrada por la representatividad ante la llegada de nuevos jugadores o, como mínimo, de nuevas estrategias.

Hoy, oficialmente, esa representatividad se halla reconocida en las organizaciones ASAJA, UPA, COAG y Unión de Uniones, aunque esta última no tenga el mismo tratamiento como interlocutor en Madrid y lo haga en Atocha por la puerta de atrás en solitario. Sin embargo, la movilización del medio rural celebrada el 23 de enero en Madrid con decenas de miles de personas, con los mismos objetivos que la prevista para el próximo 20 de marzo por ASAJA, UPA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias, ponen de manifiesto que en el medio rural, y en el propio sector agrario, hay otra batalla por la representatividad con un posible trasfondo político.

Bajo las siglas de Alma Rural, convocante de la manifestación, una escisión de Alianza Rural, constituida en su día desde ASAJA y los populares, se integran más de doscientas siglas sectoriales a nivel comarcal, local o regional. Y en la cita de hace unos días en Madrid, dirigentes de la organización no se recataron en recalcar algunas de sus señas de identidad, como sus críticas contra las organizaciones agrarias, a quienes calificaron como ineficaces.

No se ha declarado la guerra, pero todo parece indicar que se adivinan, aunque hoy no haya indicios, los prolegómenos del nacimiento de una nueva fuerza.