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El 70% de multas a macrogranjas fue por no tratar residuos

SPC
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La Consejería descarta que se haya producido un aumento de la contaminación por nitratos en las aguas de la Comunidad relacionado con la proliferación de explotaciones de más de 2.000 cerdos

Imagen del interior de una nave de una explotación de ganadería porcina. - Foto: Patricia González

Siete de cada diez sanciones impuestas por la Junta de Castilla y León a macrogranjas de la Comunidad durante los últimos siete años han sido por no cumplir con el correcto tratamiento de residuos. De esta forma, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha multado desde 2014 a 43 grandes explotaciones de porcino por este motivo, mientras que quince más fueron por otras causas. En total, el departamento que comanda Juan Carlos Suárez-Quiñones ha resuelto en este periodo un total de 78 procedimientos, de los que 58 han acarreado sanción, de los 99 incoados a macrogranjas porcinas de más de 2.000 animales por incumplimiento de la normativa medioambiental. No obstante, el consejero afirma que no se ha producido un incremento de la contaminación por nitratos en las aguas en los últimos años debido a la proliferación de estas grandes granjas de porcino. Estas sanciones a macrogranjas porcinas de la Comunidad se han conocido tras la respuesta parlamentaria de la Junta a una pregunta de la procuradora de Podemos, Laura Domínguez.

El debate entre la ganadería extensiva y la de macrogranjas o intensiva se ha colado en la precampaña de los comicios anticipados de Castilla y León para el próximo 13 de febrero tras unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en el diario The Guardian en relación a la calidad de la carne producida en las grandes explotaciones, informa Ical. 

En la respuesta parlamentaria, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones explica que el principal impacto de los purines en el territorio y los recursos naturales se centra fundamentalmente en el agua, cuyas competencias recaen en las confederaciones hidrográficas que envían anual mente a la Junta datos sobre la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, para proceder, en su caso, a la declaración de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agropecuario.

Señala a los agricultores

Al respecto, el titular de Medio Ambiente precisa que mediante un decreto de junio de 2020 se designaron las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero a aquellas que superaran el valor de 50 mg/l de nitratos en aguas y que de forma inequívoca o al menos en parte, era provocado por la actividad agropecuaria. 

Del análisis de las zonas vulnerables declaradas y la densidad ganadera, no hay una relación directa entre ambas, por lo que entienden desde la Consejería que la contaminación difusa por nitratos obedece a la aplicación en los campos agrícolas de cantidades de abonos nitrogenados por encima de las necesidades reales de los cultivos. 

Como detalla, estos abonos pueden ser estiércoles o abonos de origen químico, y lo previsible es que, en ausencia de actividad ganadera en el entorno próximo, se utilicen abonos químicos y que estos sean el origen de la contaminación en esas zonas. Por ello, concluye que no se ha producido un incremento de la contaminación por nitratos en los últimos años debido a la proliferación de macrogranjas de porcino, habiéndose identificado las zonas contaminadas anteriormente existentes a medida que se ha ido desarrollando la red de control piezométrico de las confederaciones.

Emisiones de amoniaco

En relación a las emisiones de amoniaco, a partir de los inventarios nacionales de emisión realizados por el Ministerio competente en materia de medio ambiente, explica que es un gas que, a concentraciones medias o bajas, que son las que previsiblemente se podrían dar en el entorno de las granjas, carece de efectos sobre la salud de las personas o estos efectos son poco significativos salvo para personas trabajadoras de las granjas que están sometidos a una mayor exposición.

Finalmente, concluye la Consejería que, en el marco de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos aprobadas por la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, se cumple con el objetivo de la reducción de las emisiones.