Un nuevo grupo de trabajo sobre transporte, logística y conectividad tendrá el objetivo de seguir impulsando el desarrollo del Corredor Atlántico e incentivar la modernización y renovación que necesitan las infraestructuras y los servicios de transporte en la Comunidad. Bajo el paraguas del Consejo Económico y Social, partidos y organizaciones sociales han acordado poner en marcha hoy este nuevo equipo por decisión de la Comisión para la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. El presidente del CES,Enrique Cabero, fue el encargado de anunciarlo ayer en la inauguración de la jornada 'El futuro de la movilidad, el transporte y sus infraestructuras en Castilla y León', organizada por CCOO. Allí, indicó que el CES lleva tiempo trabajando en el Corredor del Atlántico a través de la Red de Consejos Económicos y Sociales de Francia y España y con entidades portuguesas.
El presidente de CES explicó que el nuevo grupo de trabajo analizará con detalle para generar nuevas propuestas y recomendaciones, tanto para el debate interno, como para presentar ante las administraciones con competencias en la materia. En este sentido, Cabero agradeció a CCOO la presentación de una propuesta, que se incorporará al debate del nuevo grupo y servirá para enriquecer el trabajo «participativo y de debate que se va a intensificar en el consejo».
Durante la jornada, Juan Carlos Suárez-Quiñones en nombre del PP, Ángel Hernández en representación del Partido Socialista, y María Sánchez, de Unidas Podemos, coincidieron en subrayar que Castilla y León afronta en los próximos años «una auténtica revolución verde por la sostenibilidad» de sus medios de transporte, que «tienen que cambiar y ser eficientes» desde un punto de vista medioambiental. Los tres coincidieron también en señalar que el transporte debe ser intermodal, para «aprovechar todos los recursos que la Comunidad tiene a su alcance», en palabras de Hernández, y destacaron que «el transporte de viajeros y mercancías es fundamental para la vertebración del territorio, para la cohesión territorial de todas las provincias, y debe ser un asunto de Comunidad».
El encargado de abrir la sesión fue Ángel Hernández, que explicó que, a su juicio, el transporte debe garantizar a todos los ciudadanos el acceso a los servicios sanitarios, educativos y sociales, pero también a los servicios administrativos, a la cultura y al deporte, «porque sin ellos ninguna sociedad puede ser justa e igualitaria». «La Junta debe hablar con el Gobierno de España para garantizar la integración real del ferrocarril dentro del mapa de transportes de Castilla y León, y tiene que haber obligaciones de servicio público que la propia Comunidad establezca dentro de ese marco», recalcó.
Acto seguido, Suárez-Quiñones defendió que desde el Gobierno regional trabajan «de forma intensa» sobre la base de una ley que busca un transporte rural de viajeros por carretera, sostenible, eficiente, seguro, tecnificado, digitalizado y de calidad», algo que va a permitir una gran revolución en el transporte que se producirá en los próximos años. El representante popular defendió que «hay un déficit tremendo en infraestructuras de transporte en Castilla y León», y también señaló que «hay un déficit tremendo en cuanto a infraestructuras de ferrocarril», con «necesidad de viajeros y de mercancías», donde «está todo por hacer».
Por último, María Sánchez defendió que tiene que haber dos objetivos inexcusables en el nuevo mapa de transportes, que pasan a su juicio por «intentar que no haya un impacto medioambiental tan nocivo del transporte en Castilla y León», ya que «el 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen por el transporte, y debe haber alternativas más sostenibles».