La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró ayer que la reforma del mercado laboral remitida a Bruselas en el componente 23 del Plan de Recuperación no solo supone una «enmienda» a la reforma laboral del PP de 2012, sino que va mucho más allá por su «ambicioso» contenido.

De hecho, Díaz afirmó que este componente hace algo que no se ha hecho nunca en España: «provocar una auténtica revolución en el mercado de trabajo» a través de una «enmienda colectiva a las prácticas públicas incorrectas y disfuncionales» del pasado.

Así, a través de 10 reformas y siete inversiones, el Gobierno pretende transformar el mercado laboral y dar un vuelco a lo que hace a España «singularmente diferente» de Europa: su elevado paro estructural y el alto nivel de precariedad.

Y todo ello, subrayó, a través del diálogo social, donde ya se están abordando diferentes medidas que conformarán un primer paquete de ajustes a realizar antes de que acabe el año. En esto, la ministra fue clara al señalar que los plazos que han remitido a Bruselas no son discutibles, porque de ello depende la llegada de los fondos europeos y el «futuro» del país, de lo que se desprende que si no hay acuerdo en el diálogo social, el Gobierno legislará igualmente.

«Los plazos en Derecho no se discuten, nos hemos fijado una fecha y hay que cumplirla», insistió la ministra en un contexto en el que destacó que el diálogo social ha avanzado ya mucho en algunas materias -algunas ya se estaban discutiendo antes de la llegada de la pandemia- y que sindicatos y empresarios le han demostrado «siempre» que están a la altura de lo que se les pide.

En este escenario, Díaz advirtió que la precariedad «condena y lastra» la vida de las personas y condiciona las decisiones familiares. «Es sinónimo de tener miedo a que te corten el suministro de la luz o que no puedas pagar la hipoteca a final de mes», advirtió.

Así, el objetivo del Gobierno es dejar atrás ese modelo «caduco», con transformaciones que darán «esperanza a los jóvenes y a la mayoría social», alejándose del «tenemos que apretarnos el cinturón» de Mariano Rajoy porque «ha llegado el momento» de devolver los derechos y oportunidades que fueron «arrebatados» en la anterior crisis.

En esa modernización «radical» del mercado, explicó la ministra, «la norma será la estabilidad en el empleo y la excepción, la temporalidad y los despidos», incluido el sector turístico, para que el aboga por los contratos fijos-discontinuos.

«La fórmula será con carácter ordinario la estabilidad y eso también incluye a los fijos-discontinuos pero no otras fórmulas. La estacionalidad no puede significar nunca precariedad laboral», una afirmación que la ministra también ha hecho extensible al sector agrícola.

Preguntada por cómo piensa convencer a los empresarios de que el contrato indefinido debe ser la regla general», la titular de Trabajo indicó que «no quiere convencer a nadie» porque los agentes sociales saben que la temporalidad es «un mal endémico» en España.