Ecologistas en Acción en Segovia ha presentado alegaciones a la Junta de Castilla y León para que rechace la solicitud de autorización minera presentada por la empresa Explotación de Rocas Industriales y Minerales, S.A. (ERIMSA), domiciliada en La Coruña, para abrir una gran mina a cielo abierto en la provincia de Segovia, en una amplia zona comprendida entre Duruelo y Cerezo de Abajo. 

Se trata de una filial de la compañía noruega Elkem, cuyo accionista mayoritario es el grupo chino National Bluestar. El fin de esta mina sería la extracción de gravas de cuarzo para la obtención de cuarzo metalúrgico cuyo destino final, de acuerdo con el proyecto sería su exportación hacia Noruega y otros países.

La concesión solicitada ocuparía 97 cuadriculas mineras y una superficie de 2.785 hectáreas, de la cual el recurso explotable ocupa una superficie total de 1.658 hectáreas. Según Ecologistas en Acción, la razón de la enorme superficie afectada es que el material con interés minero ocupa una capa muy superficial del terreno cuyo espesor medio es de 1,62 metros.  Afectaría a los términos municipales de Barbolla, Sotillo, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Arriba, Cerezo de Abajo y Duruelo

A parte de la enorme superficie afectada, explicaron desde la organización ecologista, otro elemento a destacar es la larga duración de la concesión, de 30 años prorrogables, que conllevaría un impacto no sólo amplio sino también duradero en el tiempo.

Aunque el proyecto contempla que, una vez cribados para extraer el cuarzo, la mayoría de los materiales extraídos sean devueltos al terreno, lo cierto es que el sistema de explotación a cielo abierto conllevaría un profundo impacto en las zonas explotadas, que superarían las 1.300 hectáreas, incluyendo cambios drásticos en la estructura del suelo y en su porosidad del suelo, ya que se extraen todas las partículas de más de 80 milímetros de diámetro.

Desde Ecologistas en Acción aseguraron que "la magnitud de la destrucción ambiental y paisajística que provocaría el proyecto contrasta con la escasa creación de empleo que conllevaría" ya que, según la documentación presentada por la empresa solicitante de la concesión de explotación, en el periodo de explotación minera sólo sería necesario contar con un operador de retroexcavadora, un operador de la pala cargadora, un operario encargado de la planta móvil de cribado y un titulado de minas, más los conductores de los camiones que transporten el material extraído.

En este sentido, "parece evidente", subrayaron desde Ecologistas, que los perjuicios económicos para los pueblos de la zona, entre ellos, destrucción de tierras agrícolas y pérdida de atractivo para el turismo rural, superarían con creces los posibles beneficios.

Otro factor a tener en cuenta es la pérdida de calidad ambiental para los vecinos y vecinas de los municipios afectados, que deberían sufrir durante décadas los ruidos, el polvo y los riesgos asociados al trasiego constante de camiones por los caminos y carreteras locales.